EU analiza pena de muerte de mexicano
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos escuchará este miércoles los argumentos iniciales en un caso que podría determinar si decenas de reos mexicanos con pena de muerte en este país tienen derecho a la revisión de sus sentencias.
El máximo tribunal judicial deberá decidir en el caso del mexicano José Ernesto Medellín si este país debe obedecer órdenes de cortes internacionales y si el Poder Ejecutivo tiene facultades para ordenar a los estados el acatamiento de dichas disposiciones.
En marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó a Estados Unidos la revisión de 51 casos de mexicanos condenados a muerte, entre ellos Medellín.
La CIJ, la más alta instancia judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dictaminó que Estados Unidos violó los acuerdos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
De acuerdo con la CIJ, Estados Unidos violó los acuerdos internacionales al no ofrecer a los reos mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho a recibir ayuda legal de su país.
Ante el fallo, el presidente estadounidense George W. Bush solicitó en febrero de 2005 a los gobiernos de las entidades de este país con mexicanos sentenciados a muerte celebrar audiencias para revisar cada uno de los 51 casos a que se refiere el fallo.
Texas y otros estados se opusieron a dicha revisión, al argumentar que la petición del presidente Bush "excede los límites constitucionales de la autoridad federal".
La Corte de Apelaciones Criminales de Texas falló a favor de las autoridades estatales y emitió un dictamen para invalidar la petición del presidente.
Los abogados de Medellín apelaron entonces ante la Suprema Corte de Justicia, que en abril pasado admitió analizar la apelación.
Las partes expondrán sus argumentos iniciales este miércoles y se estima que la Suprema Corte podría emitir un dictamen al respecto en el verano de 2008.
La instancia deberá decidir si Estados Unidos debe o no acatar el fallo de la CIJ y si procede o no la orden del presidente de que las cortes estatales revisen los casos de los mexicanos condenados, como dispuso el tribunal internacional.
Donald Donovan, abogado del bufete neoyorquino Debevoise & Plimpton LLP, que representa a Medellín en la apelación, dijo que sostendrá ante la Suprema Corte que el presidente está en lo correcto al ordenar a los estados el cumplimiento de la decisión de la CIJ.
Explicó que, independiente de la orden del presidente, las cortes en Texas tienen sus propias obligaciones de hacer su parte para cumplir los tratados internacionales, bajo la Constitución de Estados Unidos.
El caso ha llevado a sumar los esfuerzos de los abogados defensores de Medellín y de asesores legales de los gobiernos de Estados Unidos y México para enfrentar a las autoridades de Texas.
El gobierno mexicano y la administración Bush pidieron a la Suprema Corte admitir el caso presentado por los abogados de Medellín, luego de que la Corte de Apelaciones Criminales de Texas rechazara la obligación de cumplir con la orden del presidente.
La apelación de Medellín es respaldada también por decenas de países y organizaciones de derechos humanos, así como un grupo de ex diplomáticos estadunidenses y de la Unión Europea.
En su argumentación para que se admitiera el caso, Estados Unidos señala que el presidente tiene la autoridad bajo la Constitución, los tratados y los estatutos, de requerir a las cortes estatales dar efecto al fallo de la CIJ.
"La Corte de Apelaciones Criminales de Texas falla al sostener que el presidente carece de autoridad para asegurar el cumplimiento de Estados Unidos con sus obligaciones internacionales", indica la petición.
De no ser revertida la decisión de la corte de Texas, Estados Unidos incurrirá en incumplimiento de sus obligaciones bajo las leyes internacionales, según el recurso interpuesto por el representante legal de este país ante esa instancia, Paul D. Clement.
El representante legal de Texas en el caso, Ted Cruz, sostiene que el presidente no tiene ninguna autoridad para ordenar a las cortes de Texas.
"Nos encontramos en una inusual posición", dijo Cruz a la prensa esta semana. "Regularmente Texas no litiga en contra de Estados Unidos", indicó. "Pero tristemente en este caso, Estados Unidos parece estar del lado del argumento de Medellín", agregó.
Cruz consideró el intento del presidente de emitir órdenes al Poder Legislativo de las entidades como algo sin precedentes y descabellado.
"Definitivamente no está en el área del presidente decir lo que la ley es", explicó. "Si esta declaración de la autoridad del presidente es sostenida en este caso, se abre la puerta para una enorme indisciplina de los presidentes de cualquier partido", indicó.
Richard Dieter, director del Centro de Información de Pena de Muerte, una organización en Washington que monitorea la aplicación del castigo capital, dijo que el hecho es un importante asunto de ley internacional, pero de principio constitucional en Estados Unidos.
La decisión que asuma la Suprema Corte de Justicia vendrá a poner fin también al debate interno que ha enfrentado al poder del presidente con los de los estados, explicó.
Dieter dijo que de ordenarse una revisión de los casos de mexicanos con pena capital, como estima que sucederá, existen muchas posibilidades de que a varios de ellos se les conmuten sus sentencias.
El caso puede determinar la suerte de Medellín y de otros 50 reos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, entre ellos a 15 sentenciados en Texas.
También podría afectar a unos seis mil estadunidenses que cada año son acusados de crímenes en el extranjero, al estar también protegidos por los acuerdos de la Convención de Viena en Relaciones Consulares.
Medellín, de 32 años de edad y originario de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, fue sentenciado a muerte en 1994 por su participación en el secuestro, la violación y el homicidio de Elizabeth Peña, de 16 años de edad, y de Jennifer Ertman, de 14.
Las adolescentes fueron interceptadas por Medellín y otros cinco miembros de la pandilla "Black & White" cerca de un parque de Houston, el 24 de junio de 1993.
El grupo de pandilleros, que realizaba un rito de iniciación, decidió violarlas y luego ahorcarlas para después dejar sus cuerpos abandonados entre matorrales en el parque donde fueron encontradas cuatro días después del crimen.
Al ser detenido, Medellín dijo en repetidas ocasiones a la policía que había nacido en México y que no era ciudadano estadunidense.
A pesar de ello, nunca fue informado que tenía el derecho de notificar a las autoridades mexicanas sobre su arresto y a recibir ayuda legal del consulado de su país en Houston.
El hecho, que marca una violación a los acuerdos de la Convención de Viena, nunca fue presentado en el juicio en su contra, ni en ninguna apelación directa.
Las autoridades mexicanas conocieron de su detención por primera vez luego de que Medellín les escribiera desde la cárcel cuando ya había sido sentenciado a muerte.
