Argentina va por ex ministro de Economía
La justicia federal confirmó el procesamiento del ex ministro de economía Domingo Cavallo por el delito de ''negociaciones incompatibles con la función pública'', a raíz del denominado ''megacanje'' de títulos de la deuda realizado en 2001, que aumentó el endeudamiento externo argentino en más de 38,000 millones de dólares.
La Cámara Federal de esta capital dispuso ''desprocesar por falta de mérito'' al ex presidente Fernando de la Rúa.
Al no encontrar mérito para seguir procesando a De la Rúa, la Cámara sostiene que no se hallaron pruebas de que el ex presidente hubiese intervenido en la selección de los bancos
Junto con Cavallo se dispuso el procesamiento del ex secretario de finanzas Daniel Marx.
Cavallo, que había sido ministro de economía del ex presidente Carlos Menem entre 1991 y 1996, fue convocado por De la Rúa en marzo de 2001, cuando su gobierno iniciaba un acelerado derrumbe a causa de una grave crisis económica y social, que provocaría la renuncia del ex presidente en diciembre de ese año, en la mitad de su mandato.
Cavallo y Marx dispusieron el llamado ''megacanje'', que consistió postergar por 15 años el vencimiento de bonos por 15,000 millones de dólares que estaban por vencer.
La operación incluyó el pago de unos 200 millones de dólares a los siete bancos, casi todos extranjeros, que intervinieron en la operación, la mayoría de los cuales ya tenían los bonos depositados en sus carteras.
El ''megacanje'' de nada sirvió para detener la crisis económica, que a fines de diciembre de aquel año obligó a De la Rúa y Cavallo a disponer la virtual incautación de los depósitos bancarios, a fin de frenar una imparable fuga de divisas al exterior. Con diferencia de horas, ambos renunciaron a sus cargos el 20 de diciembre de 2001.
El fiscal de la causa dictaminó que ''la deuda total en concepto de intereses antes de la operación de canje llegaba a 82,249 millones de dólares, mientras que luego de la transacción este pasivo se elevó a 120,650 millones de dólares''.
Los dos magistrados de la Cámara Federal modificaron la anterior acusación de ''defraudación a la administración pública'' del juez de primera instancia, por la de ''negociaciones incompatibles con la función pública'', por haber ''manipulado la elección de los bancos que intervinieron en la operación''. Ese delito tiene una pena máxima de siete años de prisión.
Cavallo no hizo comentarios, pero su abogado Eduardo Oderigo declaró a la prensa que ''el fallo es muy pobre''.