Francia, aún sin transporte público
Francia comenzó el viernes su tercer día de suspensión del servicio de transporte mientras los trabajadores ferroviarios continuaban una huelga contra una reforma de pensiones, y el Gobierno y sindicatos luchaban por encontrar la forma de reanudar de las negociaciones.
La huelga se ha convertido en una prueba de fuerza sobre una de las reformas económicas claves prometidas por el presidente Nicolas Sarkozy, y la resistencia de los sindicatos se ha fortalecido con la llamada de los trabajadores para continuar con la paralización de los servicios.
Se espera que los trenes permanezcan bloqueados hasta al menos el fin de semana, luego de que los sindicatos dijeron que aún estaban esperando un acuerdo sobre las condiciones bajo las cuales el diálogo a tres bandas, entre el Gobierno, sindicatos y empleados, podría llevarse a cabo.
El ministro del Trabajo Xavier Bertrand insistió que los trabajadores deben volver a sus funciones antes de comenzar el diálogo, pero dijo el viernes que podrían comenzar a conversar siempre y cuando los dirigentes sindicales llamen a poner fin a la huelga.
"Se necesita que haya un llamado de las organizaciones en las compañías a volver al trabajo para que nosotros tengamos una apertura inmediata, me entiendes, inmediata de las negociaciones a tres bandas que han pedido los sindicatos", dijo Bertrand a la radio RTL.
Hubo un pequeño aumento en el número de trenes y metros de París funcionando, pero la operación de los servicios aún estaba mayormente interrumpida, lo que hacía a los empleados enfrentar un duro camino para poder llegar a sus lugares de trabajo.
Se espera que cerca de uno de tres trenes de alta velocidad TGV desde París estén funcionando, pero los servicios TGV entre centros provinciales fueron suspendidos y hubo una reducción de los recorridos regionales.
La autoridad del transporte de París RATP afirmó que los servicios aún estaban afectados, pero la mayoría de las líneas de metro y un tercio de buses y tranvías estaban operando.
Los sindicatos se oponen a los planes de eliminar el régimen especial de pensiones, que permite que cerca de 500,000 empleados públicos se jubilen con 37.5 años de cotización, frente a los 40 años del resto de los trabajadores.
El Gobierno afirma que el llamado "régimen especial de pensiones" está obsoleto, es injusto e inasequible. Los sindicatos dicen que los beneficios compensan las difíciles condiciones de trabajo que enfrentan.
