La tragedia de Tabasco pudo ser mitigada
Las autoridades sabían bien de los riesgos de inundación mucho antes de que ríos se desbordaran y dejaran bajo el agua casi la totalidad del estado sureño de Tabasco y afectaran a más de un millón de personas, casi la mitad de su población.
Pero para algunos, el gobierno hizo poco para prevenirlo.
''Acá estamos haciendo el análisis de las obras; qué falló, qué faltó'', dijo el vocero de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en Tabasco, Gilberto Segovia.
Algunas voces insisten que el daño se habría podido mitigar de haberse concluido las obras que se tenían planeadas.
Y es que el estado ya había padecido en 1999 inundaciones que afectaron entonces a unas 300,000 personas, lo que llevó a los gobiernos federal y de Tabasco a diseñar un plan para enfrentar un fenómeno similar en años posteriores.
En 2003 se anunció el llamado Proyecto Integral contra Inundaciones (PICI) con recursos por 2,060 millones de pesos (unos 190 millones de dólares), de los cuales un 72% los aportaría el gobierno federal. Las propias autoridades reconocen que no se concluyeron todas las obras.
Segovia dijo que hasta antes de las inundaciones se había construido un 70% de los 179 kilómetros de bordos y 190 kilómetros de canales para drenar agua estancada a lo largo de los ríos Grijalva, Carrizal y Samaría.
''A lo mejor no nos hubiéramos ahorrado la tragedia, pero hubiera tenido otra dimensión y otra magnitud'', dijo el senador Arturo Núñez, del partido de la Revolución Democrática y originario de Tabasco, sobre el hecho de que no se concluyeran las obras.
El portavoz de la CNA en Tabasco aseguró que el organismo investiga posibles fallas o irregularidades en las obras, como ''el material, la altura y el trazo'' utilizado en los bordos que se alcanzaron a construir.
''Se va a analizar a fondo esto de las obras... y si hay responsables se va a marcar a los responsables'', dijo Segovia. Aseguró que aunque la mayor cantidad de dinero lo aportó el gobierno federal, cerca del 80% de las obras las tenía que ejecutar la autoridad de Tabasco.
Luego del desbordamiento de los ríos y del surgimiento de críticas, el ex gobernador de Tabasco, Manuel Andrade, dijo que una de las razones de no concluir el PICI fue debido a que el Congreso federal les negó todos los recursos.
Andrade fue el responsable de firmar el PICI, que originalmente debía concluir en 2006, aunque en los últimos meses, previos a la inundación, se amplió hasta el 2012.
Los señalamientos de irregularidades no se han limitado a Tabasco y han alcanzado a Chiapas, también afectado por las lluvias.
Cuando un cerro se derrumbó sobre el Río Grijalva en Chiapas y provocó una ola que sepultó una comunidad, mató a por lo menos 15 personas y dejó desaparecidos a otras 10, residentes de poblados cercanos comenzaron a decir que el gobierno nunca cumplió promesas hechas hace casi tres décadas para reubicarlos con motivo de la construcción de una presa, y se vieron obligados a establecerse en las márgenes del río.
Autoridades estatales comenzaron a reubicar a unos 6,000 habitantes de comunidades que viven en las orillas del Río Grijalva para evitar otra tragedia.
Algunos, como el portavoz de la CNA en Tabasco, consideran que la deforestación en las zonas altas debe considerarse también como una causa de las inundaciones.
Mientras se indaga en qué medida las autoridades pudieron aminorar el impacto de las inundaciones, todos coinciden en que la cantidad de agua que cayó en las últimas semanas alcanzó niveles nunca vistos: Tabasco recibió 776 milímetros de lluvia en octubre, cuando el promedio normal de lluvia para ese mes es de unos 378 mm. Tan sólo entre el 28 y 30 de octubre cayeron 303 milímetros, es decir un 86% del total mensual.
