Las Pymes ganan batalla a Bush
Los propietarios de microempresas tendrán por fin la oportunidad de detener la iniciativa anti inmigratoria promovida por el Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS por sus siglas en inglés) que obliga a los empleadores a pagar altas multas por no verificar el estatus migratorio de sus trabajadores una vez que hayan recibido la notificación de “discrepancia” en los números de la seguridad social.
El viernes pasado, el juez federal Charles Breyer admitió una demanda contra el DHS por no considerar los altos costos que la normativa supone para las empresas, y le dio de plazo hasta marzo del 2008 para sondear la opinión de las microempresas y conocer cómo les afectará la nueva normativa inmigratoria.
El juez Breyer había suspendido ya la iniciativa en octubre, cuando una variopinta coalición (que incluye a la Unión Americana de Libertades Civiles y a la Cámara de Comercio) llevó el asunto a los tribunales, alegando que las disposiciones del DHS representan una enorme carga para las empresas. Breyer había encontrado que la base de datos de la propia Administración del Seguro Social contenía tantos errores que cientos de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales tendrían que ser despedidos bajo la premisa de datos “discrepantes.”
Las pequeñas empresas serían las más afectadas por los posibles despidos, porque carecen de los recursos necesarios para realizar el complicado proceso de verificación del estatus legal de sus trabajadores.
Desde el mes de agosto, la Administración del Seguro Social ha enviado 141,000 cartas de notificación de “discrepancias” en los datos de 8 millones de trabajadores. Pero en octubre el fallo del juez Breyer detuvo las cartas, advirtiendo que el gobierno estadounidense no había seguido procedimientos adecuados para implementar la normativa. Aún así, la coalición que presentó la demanda no estará satisfecha hasta que el DHS de marcha atrás a la normativa.
“El DHS continúa su desastroso camino de castigar a ciudadanos y trabajadores legales usando una base de datos plagada de errores. El DHS debe abandonar este procedimiento ilegal en lugar de repetir los mismos errores” declaró Lucas Guttentag, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles.
La administración Bush, por su parte, se ha mostrado inflexible en cuanto a la reforma inmigratoria y no tiene planes de sacarla de la agenda. El DHS anunció que sondeará la opinión de los microempresarios como lo exigió el Tribunal, pero que también reformulará la normativa para resolver las objeciones del juez.
“El Tribunal se equivocó” afirmó Laura Keehner, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. “Sin embargo, el DHS planea responder a las observaciones hechas por el juez en torno a cuestiones secundarias, de manera que el gobierno pueda seguir adelante con la normativa.”