Segob pide a EPR cesar hostigamiento

La Secretaría de Gobernación (Segob) acusó al llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR) de tener una "campaña de hostigamiento" contra el pueblo de México, la cual, puntualizó, "no tiene ninguna razón válida".  

La dependencia sostuvo que el EPR debería cesar su "campaña de hostigamiento", porque su demanda de que aparezcan sus compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya ya es atendida y la supuesta guerra sucia de la cual son víctimas "no existe".   Cuestionó la autoridad moral con la que demandan al Estado la vigencia del Estado de derecho "si ellos se otorgan el derecho de violarla cada vez que quieran".  

De igual forma dejó claro que si a pesar de estas razones el EPR continúa con la violencia, "quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo".  

En un comunicado distribuido la medianoche del viernes, la Segob sostuvo que el gobierno federal tiene un compromiso con la sociedad de otorgar seguridad a todos los mexicanos y de darle plena vigencia al Estado de derecho.  

Por eso, al mismo tiempo que está obligado a esclarecer la presunta desaparición de esos dos eperristas, también condena enérgicamente los actos violentos, sin importar la motivación de sus autores.  

Anunció que hará todo lo que esté de su parte para impedir nuevos actos de sabotaje contra los mexicanos y sus instituciones, y para castigar a los responsables.  

"México es un país democrático; las verdaderas luchas sociales pueden construir espacios para dialogar, demandar y actuar dentro de las instituciones y del marco de la ley", expresó.   Abundó que desde junio el EPR ha publicado unos 40 comunicados, cuyo contenido se reduce a tres aspectos: denunciar la desaparición de dos de sus miembros; exigir su presentación con vida, y amenazar con acciones violentas contra los mexicanos si su demanda no es satisfecha.    

El análisis de los comunicados refleja que los eperristas se presentan como luchadores sociales, integrantes de una organización "revolucionaria" que serían víctimas de una supuesta "guerra sucia" del gobierno del presidente Felipe Calderón, lo cual justificaría sus acciones violentas de autodefensa. 

Los comunicados se complementan con dos afirmaciones que tratan de demostrar: la existencia de la guerra sucia, que los convertiría en víctimas, y denunciar la política neoliberal del gobierno.  

La Segob añadió que al parecer del Ejército Popular Revolucionario (EPR), esos dos rubros les otorgaría la calidad de revolucionarios o luchadores sociales.  

Para demostrar la supuesta guerra sucia, citan desapariciones ocurridas en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez; a falta de otros hechos que hagan sostenible su "argumento", incluyen actos como robos comunes y secuestros hechos por taxistas.  

La dependencia encargada de la política interna del país sostuvo que para que "les cuadre el argumento", aseguran que esos eventos fueron ordenados por Felipe Calderón o hechos por una confabulación -nunca demostrada- entre el presidente y los responsables directos.    Explicó que otro hecho utilizado para documentar la supuesta guerra sucia es la prioridad dada por el gobierno a la seguridad y el combate al narcotráfico, apoyado por el Ejército, con lo cual concluyen "sin más" que el país está militarizado.   

Gobernación consideró que en México aún no existe una cultura de la legalidad más arraigada, por lo que algunos grupos sociales consideran tener derecho a hacer protestas de todo tipo, incluso acciones que violan leyes y atentan contra derechos de otros ciudadanos, además del empleo de violencia.   Desde esa perspectiva, aseguró, "cualquier acción de las autoridades en contra de una movilización o de una acción en la que se viola la ley o se afectan derechos de terceros por parte de los manifestantes, es represión".   

La Segob afirmó que "sólo desde esa lógica se puede considerar que si algunos activistas son detenidos, juzgados, sentenciados y encarcelados, es porque el Estado criminaliza a las organizaciones sociales y quien viola la ley se convierte en preso político o de conciencia".   Sin embargo, la dependencia dejó claro que en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa no se persigue ni se perseguirá a activista social alguno por el simple hecho de serlo.  

Dijo que a pesar de la magnitud de los actos de sabotaje contra Petróleos Mexicanos (Pemex) y las afectaciones a miles de ciudadanos, no se desató una "cacería de brujas" contra activistas.  

Tampoco las cárceles están llenas de sospechosos y no existe alguna denuncia formal de torturados y desaparecidos, con lo cual "se demuestra que la guerra sucia del gobierno federal es un invento".  

La Secretaría de Gobernación expuso que a través de sus diversos comunicados, el EPR ha dejado sin sustento su argumento de atribuir al gobierno federal la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya.  

Explicó que en diversas fechas el EPR ha responsabilizado al presidente Calderón, así como a los titulares de las Secretarías de Gobernación (Segob), de la Defensa Nacional (Sedena), de Seguridad Pública (SSP) federal.  

También al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobernador de Oaxaca, así como al panismo y al grupo denominado "Yunque", siempre sin aportar prueba alguna. 

Ha aseverado, asimismo, que los responsables de esas desapariciones son el procurador de Oaxaca, el coordinador regional de la Policía Federal Preventiva en esa entidad o el presidente Calderón "junto con la cúpula de generales".  

"La conclusión obvia de esta serie de acusaciones es que los eperristas no tienen una idea clara de qué les pasó a sus compañeros y menos de quiénes fueron los autores ni materiales ni intelectuales de la presunta desaparición", añadió en el comunicado.  

Mencionó que el EPR tampoco posee evidencia alguna y sólo ha presentado "especulaciones cambiantes y contradictorias", al tiempo que aclaró que el Estado tiene como obligación garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo que implica la vigencia del Estado de derecho.  

"Esa es razón suficiente para que el gobierno federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización", añadió la Secretaría de Gobernación.  

En el texto recordó que la PGR inició la averiguación previa desde el 11 de julio de este año y posteriormente el presidente Calderón instruyó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a colaborar decididamente en el esclarecimiento del paradero de esas dos personas.