Dictador uruguayo va a la cárcel
El último dictador militar uruguayo, general retirado Gregorio Álvarez, fue sometido a proceso con prisión el lunes por reiterados delitos de desaparición forzada de personas, confirmó la fiscal penal Mirtha Guianze.
Mientras, los dos abogados que defendían a Álvarez presentaron sus renuncias y consideraron la acción judicial ''viciada de nulidad y sin garantías''.
''En estos momentos he sido notificada de la decisión tomada por el juez Luis Charles ordenando el procesamiento y la detención del general Álvarez'', dijo Guianze.
En la casa de Álvarez, un hombre que se identificó como Jesús y amigo personal, dijo que ''tanto él (Álvarez) como la señora, habían salido y que desconocía qué estaba sucediendo''.
Los abogados defensores Carlos Curbelo Tammaro y Pedro Montano, indicaron que ''motiva esta renuncia el trámite que se está dando a estos procedimientos, que ha determinado la inexistencia del marco normativo legal y constitucional que ampara los principios del debido proceso legal y las garantías para la defensa de cualquier justiciable''.
''De este modo la defensa resulta meramente nominal, y en estas condiciones, los suscritos letrados no están dispuestos a mantener una presencia que no es funcional a los intereses de su patrocinado'', agregaron.
Álvarez, de 82 años, fue presidente de facto entre 1982 y 1985, en el último tramo de la dictadura instalada en 1973. Previamente, había sido comandante en jefe del ejército y como tal había asumido responsabilidad sobre el accionar de sus subordinados.
Guianze asimismo, dijo que ''se emitió una orden de captura nacional e internacional contra el capitán de navío retirado Jorge Troccoli quien parece que está fuera del país y asimismo se procesó con prisión a otro oficial naval retirado Juan C. Larcebeau''.
Estos dos están implicados en la causa de Álvarez sobre la desaparición de al menos 40 personas capturadas en Buenos Aires y trasladadas a Uruguay en el marco del llamado ''Plan Cóndor'' implementado por las dictaduras del cono sur para combatir las organizaciones subversivas. Este caso responde a episodios de entre 1977 y 1978. Estos desaparecidos, dijo Guianze, eran ''miembros del partido comunista revolucionario y los grupos de acción unificadora''.
En sus cuatro comparecencias anteriores, Álvarez adujo ''no saber nada'' al respecto.
Guianze aseguró respecto a la renuncia de los abogados que si se trataba ''de una maniobra dilatoria no tendrá lugar debido a que ya ambos fueron notificados de la decisión del juez''.
Curbelo Tammaro había presentado ante la Suprema Corte de Justicia un reclamo de inconstitucionalidad al proceso seguido a Álvarez porque esos delitos no pueden ser considerados retroactivamente, pero fue rechazado al igual que una segunda presentación reclamando aclaraciones sobre el primer pronunciamiento.
La posición de la Suprema Corte de Justicia allanó el camino a la decisión que tomó el juez Charles.
Guianze dijo que ''desconocía'' si Álvarez ya había sido detenido, pero consideró que sería llevado a una prisión donde están recluidos preventivamente una decena de oficiales militares retirados y policías, acusados de distintos delitos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de casi 12 años.
El ex presidente civil Juan M. Bordaberry quien dio el golpe de estado en junio de 1973 está cumpliendo arresto domiciliario por razones de salud, acusado de 14 homicidios especialmente agravados de opositores y su ex canciller Juan C. Blanco cumple detención en la cárcel de la jefatura de policía acusado de cuatro asesinatos y además tiene una causa separada por desaparición de la maestra anarquista Elena Quinteros.
