Echeverría pide amparo contra genocidio
La defensa del ex presidente Luis Echeverría interpuso una demanda de amparo para intentar echar abajo el proceso que un tribunal le inició hace unos meses por su presunta responsabilidad en el delito genocidio relacionado con una masacre estudiantil en 1968 y que lo mantiene en arresto domiciliario.
El abogado del ex mandatario (1970-1976), Juan Velázquez, dijo este jueves que en la solicitud de amparo argumentan la inexistencia del genocidio y por consiguiente de su probable responsabilidad, además de que ese delito en todo caso ya prescribió.
''Son tan infundados los argumentos del magistrado que decretó la formal prisión (el inicio del proceso), que estamos ciertos de ganar'', consideró Velázquez.
Refirió que la demanda se presentó el miércoles ante el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la ciudad de México, el cual no tiene un plazo para resolver si procede o no.
Aseguró que Echeverría se recupera de problemas de salud derivados de un infarto cerebral padecido en febrero del 2006 y está ''confiado'' de que se le otorgará el amparo.
El Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal de la capital inició en noviembre de 2006 un proceso penal por genocidio a Echeverría y ordenó su arresto domiciliario.
Echeverría, el primer ex mandatario en ser encausado por crímenes del pasado, es señalado de haber concebido, propuesto y tenido bajo su control la ejecución de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, cuando se desempeñaba como secretario de Gobernación del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.
En la llamada Plaza de Tlatelolco, en el centro de la capital, ese día decenas de estudiantes y civiles murieron tras un fuego cruzado en el que participó el ejército y personal policiaco, algunos vestidos de civil.
Las cifras oficiales y extraoficiales de las víctimas oscilan entre 25 y 350.
Echeverría, que se ha declarado inocente, ya había estado bajo arresto domiciliario a principios de julio, pero este le fue revocado por un juez frente a una apelación presentada por su defensa bajo el argumento de que el delito que se le imputaba había prescrito.
El Segundo Tribunal Unitario, sin embargo, revocó en noviembre el fallo del juez que el 8 de julio levantó el arresto domiciliario del ex mandatario y determinó que el delito de genocidio del que se le acusa no ha prescrito.
Su defensa ha dicho que en caso de que se hubiese incurrido en genocidio, el plazo de prescripción (30 años) se cumplió en 1998 y ya no puede ser castigado.
El tribunal, no obstante, señaló que si bien el conteo para la prescripción del genocidio debía comenzar a correr el día de la masacre (2 de octubre de 1968), no pudo hacerse debido a que Echeverría gozaba de fuero constitucional en su carácter de alto funcionario, lo cual ''imposibilitaba la acción penal''.
Ese fuero lo conservó luego de ser titular de Gobernación, porque en 1970 asumió como presidente y lo mantuvo hasta el 30 de noviembre de 1976 cuando concluyó su mandato.
El tribunal refirió que la prescripción comenzó a correr a partir del 1 de diciembre de 1976 y se habría cumplido el 30 de noviembre del 2006, aunque a Echeverría se le impuso prisión domiciliaria por primera vez el 3 de julio de 2006 con lo que se interrumpió el transcurso de la prescripción.
Echeverría ya había sido acusado de genocidio por otra masacre estudiantil en 1971, pero el caso fue cerrado en definitiva al considerar que no había elementos para procesarlo.
