Pequeños medios excluidos de Ley de TV
En los trabajos para las reformas de la Ley Federal de Radio y Televisión los grupos minoritarios y sin gran poder económico fueron excluidos del resultado final.
Así grupos indigenistas, radios comunitarios, medios públicos, operadores de estaciones educativas y culturales, radiodifusores independientes y potenciales nuevos concesionarios “salieron del aire”, informó este lunes el periódico El Universal.
Inclusive fueron ignoradas las voces de las instituciones gubernamentales como la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), así como de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y el Instituto Federal Electoral (IFE).
Estas autoridades advirtieron sobre los graves riesgos de aprobar estas reformas en términos de privilegiar a los grupos más poderosos, promover las concentraciones y el peligro de que el Estado perdiera la rectoría sobre espectro radioeléctrico, entre otros, agregaron especialistas consultados.
Explicaron que de haber atendido los argumentos de estos actores y otorgado a todos los jugadores de la radiodifusión los beneficios que se les dieron a los grandes concesionarios de los medios de comunicación habría representado entrar al fondo del asunto: abatir las concentraciones y dar lugar a una competencia efectiva que genere pluralidad y libertad de expresión en el sector.
Para la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), las radios comunitarias y los medios públicos sí fueron incluidos en la ley de medios, ya que tienen la posibilidad de obtener sus permisos para operar estaciones, tal como se considera claramente en la polémica legislación.
Fuentes de la Cámara comentaron que si estos grupos se consideran excluidos es porque querían más facilidades para la obtención de las autorizaciones para operar emisoras, y sobre todo, la posibilidad de comercializarlas.
Sin embargo, esto no es posible debido a que está muy bien definido un esquema dual, en el que por un lado están los operadores comerciales, con fines de lucro, y los permisionados, cuya razón es la difusión de la cultura y educación, agregó la CIRT.
Raúl Trejo Delabre, investigador y especialista en medios electrónicos sostuvo que, “el problema radica en que al ignorar estas voces no se reconoció el interés de la nación en la administración de un bien nacional como es el espectro radioeléctrico y que la radiodifusión y las telecomunicaciones son áreas de interés público y no sólo espacios para hacer negocio”.
Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM, dijo que los puntos de vista de los grupos de la sociedad civil, de radios comunitarias, de medios públicos e independientes no fueron considerados por los legisladores que aprobaron las reformas porque "la indicación era aprobarla sin quitarle una coma".
Las radios comunitarias fueron ignoradas en la ley, por lo que en las actuales condiciones no podrían surgir nuevas emisoras de este tipo, pues con las reformas se estableció que las únicas instituciones que pueden ser susceptibles para obtener permisos son los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, las universidades y los organismos descentralizados o desconcentrados.
"La ley y su proceso de discusión y aprobación tuvo que ver con un contexto político determinado, lo cual le restó transparencia y legitimidad, pues la legislación no vino de un proceso de consulta plural sino de una imposición", destacó Gabriel Sosa Plata.
