Escándalo por espionaje sacude a Uribe

Partidos de oposición exigen al presidente de Colombia responder por el espionaje ilegal realiz Uribe ya ha sido atacado anteriormente por su supuesta alianza con paramilitares y narcotrafica
BOGOTÁ (AP) -

Los partidos de oposición exigieron este martes al presidente Álvaro Uribe que responda por el espionaje ilegal realizado por la policía a políticos, periodistas y funcionarios del gobierno durante más de dos años.

El ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo en rueda de prensa que entre las personas que sufrieron el espionaje está el ex candidato presidencial Carlos Gaviria, del Polo Democrático Alternativo, de izquierda, quien obtuvo la segunda votación en los últimos comicios electorales.

Gaviria dijo que no le sorprendían esas interceptaciones y que ''formaron parte de una campaña sucia en mi contra'' durante el periodo electoral que culminó con la elección de mayo del 2006 en la que Uribe fue electo para su segundo periodo.

En la víspera, Santos reveló que la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol) ''venía haciendo grabaciones desde hacía más de dos años a personas que no estaban siendo objeto de investigación... entre quienes se encuentran miembros del gobierno, de la oposición y periodistas''.

Por años, este tipo de espionaje ha sido denunciado en el país por periodistas y políticos.

Después de una rápida investigación, el gobierno determinó que la Dipol grabó y filtró a una revista, conversaciones telefónicas en las que varios paramilitares desmovilizados presos ordenaron operaciones de narcotráfico y asesinatos.

Para apaciguar el escándalo, el gobierno aceptó la renuncia del comandante de la Policía, el general Jorge Daniel Castro, y de otros 11 generales.

Castro dijo este martes que desconocía esas acciones de inteligencia y que ''está asumiendo el costo político'' de esas actividades.

Pero la oposición y hasta los partidos oficialistas avisaron que es necesario conocer quién ordenó tal espionaje ilegal y se benefició de esto, por lo que las consecuencias no pueden limitarse a los generales dimitentes.

El portavoz del partido Liberal, el senador Juan Fernando Cristo, dijo que las actividades ilegales de la Dipol comenzaron en el 2005, año de campaña presidencial.

''Es imposible pensar que Uribe no se benefició'' en ese momento, expresó el senador.

El senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, coincidió con Cristo y dijo que Uribe conocía las labores ilegales de inteligencia.

''Uribe confesó en televisión nacional que poseía inteligencia contra la oposición'', añadió Petro.

En una rueda de prensa televisada el 12 de abril, Uribe manifestó que ''tengo pruebas... son de inteligencia militar y policía, de algunas de las personas que han ido a Estados Unidos'' a criticar el acuerdo de Tratado de Libre Comercio con ese país. Fue una referencia sobre parlamentarios opositores que viajaron a Washington para criticar ese acuerdo bilateral.

El ministro Santos se defendió de esas acusaciones este martes y dijo que no existe relación entre esas declaraciones de Uribe y el espionaje ilegal descubierto en la policía.

''No tenemos información de quién ordenó estas interceptaciones y el gobierno nunca ha conocido su contenido'', afirmó.

José Obdulio Gaviria, un cercano asesor del presidente Uribe, dijo que los responsables de las interceptaciones era ''un pequeño grupo de oficiales corruptos'' que probablemente intentaba vender las grabaciones a cambio de algún provecho comercial.

El gobierno de Uribe ha sido golpeado por una cadena de escándalos por la presunta alianza de sus copartidarios con paramilitares, conocidos como narcotraficantes y autores de masacres contra la población civil.

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Otro de los procesos judiciales más polémicos es el de Jorge Noguera, el antiguo jefe de inteligencia nombrado por Uribe, a quien el gobernante defendió decididamente mientras se conocían nuevas evidencias de que supuestamente entregó informes confidenciales a paramilitares.

Doce parlamentarios, once de ellos oficialistas, se encuentran en prisión como parte de una investigación de las autoridades judiciales por supuestamente aliarse con paramilitares.

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