PRI, sin "plan B" para sustituir a Hank
El estratega político del PRI, Carlos Flores Rico, señaló que su partido no tiene ningún "Plan B" para sustituir a Jorge Hank Rhon como candidato al gobierno de Baja California, porque su postulación es viable jurídica y políticamente.
Luego de que el Tribunal Electoral de Baja California ordenó a la coalición Alianza para que Vivas Mejor que en un plazo de 10 días contados a partir de la notificación efectúe la sustitución del candidato para el gobierno de ese estado, Flores Rico aseguró que "el único plan que hay es Hank Rhon".
Consideró que la resolución final del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California evidencia su inclinación con una de las partes en la contienda electoral.
El priista sostuvo que hace un año cuando se le consultó cómo veía la posibilidad del registro de Hank Rhon estimó en ese entonces en forma extraoficial que era compatible y posible.
Por ello, criticó ese cambio de opinión porque además se trata de una injusticia que habrán de evidenciar en la instancia superior en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) habrá de revertir una decisión, que según él, ocasiona un daño irreparable.
"El PRI en Baja California ratifica su confianza en el Estado de derecho y en el Tribunal Electoral, por lo tanto, sostiene la candidatura de Jorge Hank como viable, como legal y como políticamente correcta", reiteró.
Adelantó que utilizarán los espacios que la ley les permite para resarcir los derechos del empresario mexiquense como cualquier ciudadano a ser votado.
"Que quede claro, el PRI confirma su disposición de ir a la siguientes instancias con el señor Hank Rhon como candidato y buscaremos que esa instancia tenga la información necesaria para que tenga una visión más generosa con la democracia, la justicia y la
aplicación de las leyes", subrayó.
El también líder del Movimiento Territorial del PRI dijo que lo que está a discusión más allá de la candidatura del empresario es si los mexicanos tienen derecho o no a ser votados como en cualquier otra garantía política que da la Constitución.
