Gobierno descarta reformas religiosas

El gobierno federal mexicano dijo que no habrá cambios constitucionales en materia religiosa; la Arquidiócesis de México quiere completa liberta de expresión para los ministros de culto.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) -

El gobierno federal descartó este miércoles que haya condiciones para realizar reformas constitucionales que otorguen una libertad de expresión plena a los ministros de culto, luego de que la Iglesia católica anunció que impulsará modificaciones al respecto.

El subsecretario de Población Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Florencio Salazar, dijo que la agenda nacional está ocupada en sacar adelante una reforma fiscal y otra del Estado, por lo que no hay posibilidades de que se aborden modificaciones en materia religiosa.

''Para celebrar una reforma trascendente como esta que se propone se requieren dos condiciones inevitables: que esté en la agenda nacional y que haya viabilidad para que se celebre. Ninguna de las dos condiciones hoy se presentan en el escenario del país'', señaló Salazar a reporteros en la ciudad de México.

La Arquidiócesis Primada de México, a través de una organización de abogados católicos, decidió el fin de semana impulsar cambios constitucionales para quitar limitaciones a la libertad de expresión de sus ministros y para que pueda ofrecer educación religiosa en escuelas públicas.

Tanto el Colegio de Abogados Católicos como el portavoz de la Arquidiócesis confirmaron el lunes a la AP que trabajarían en un proyecto e incluso que no descartan que los propios ministros participen en cabildeos con legisladores.

En la primera reacción del gobierno federal a la intención de la Iglesia católica, el subsecretario aseguró que ''no se ve posibilidad alguna de que este tema pueda por ahora ser abordado''.

Añadió que ''la agenda nacional tiene otras prioridades''.

México, un país con más del 90% de su población católica, se rige por la separación del Estado y las iglesias.

La Constitución prohíbe a los ministros de culto interferir en asuntos políticos u oponerse a las leyes del país, y estipula que la educación pública se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa.

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