Zhenli, un caso difícil para México

Han pasado más de cuatro meses desde que las autoridades mexicanas anunciaran la incautación de 205 millones de dólares en efectivo, en una residencia del Distrito Federal, propiedad del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon.

En su momento, la prensa internacional se hizo eco de la noticia, y con razón: se trataba del mayor decomiso del mundo en la historia reciente, según lo reconoció el propio presidente Felipe Calderón.

Durante casi dos meses –del 15 de marzo al 23 de junio-, la operación contra el negocio ilíicto de las metanfetaminas, de donde supuestamente procedía el dinero, fue un punto a favor del gobierno mexicano, que lo utilizó como bandera de triunfo en su lucha contra el narcotráfico, a pesar de que Ye Gon se encontraba prófugo de la justicia.

“Dimos en la columna vertebral del tráfico de metanfetaminas de México", aseguró el mandatario mexicano, durante la visita de su homólogo español José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, “el cuento chino”, como muchos medios nacionales han bautizado con sátira a este caso, dio un inesperado giro cuando en una entrevista concedida en mayo a la agencia estadounidense AP, el supuesto narcotraficante involucró a varios funcionarios del gobierno federal en sus actividades ilegales.

Poco después, sus abogados mexicanos “disculpaban el mal español de su cliente”, la agencia noticiosa insistía que la entrevista había sido en inglés y los funcionarios salpicados amenazaban con demandas por difamación.  El presidente mexicano, simplemente calificó las declaraciones de Ye Gon como “fantasiosas”, y en tanto la Procuraduría General de la República también anunció “una investigación a fondo” en su propia agencia federal de investigaciones, la AFI.

Desde un paradero en Estados Unidos, y en ese entonces todavía desconocido, Zhenli envió una carta que fue leída por sus representantes legales, ante cientos de medios informativos, en el centro de prensa de Washington.  En esta misiva, el magnate farmacéutico insistió en su inocencia y aseguró tener pruebas en contra de funcionarios del gobierno mexicano.

Así, “la operación dragón”, que comenzó como un expediente policiaco sin precedentes, fue transformándose poco a poco en lo que más bien parece una “tragicomedia” de dimes y diretes, según lo describe el diario hispano-estadounidense La Opinión. 

El actual secretario del trabajo, Javier Lozaono, el gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera, los hijos de la ex primera dama, Martha Sahagún, y hasta Arturo Montiel, ex gobernador mexiquense, así como un ex subprocurador, al menos seis funcionarios aduaneros y un militar retirado, han sido nombrados como supuestos eslabones de una cadena, cuyo final todavía está lejos.

Una serie de contradicciones y preguntas sin responder enredan todavía más un caso en el que diversas instituciones gubernamentales han salido “raspadas”, al menos en lo que a procedimientos y vigilancia deficiente se refiere.

Otra de las grandes cuestiones es el destino del dinero incautado en la ex residencia de Ye Ghon.  El gobierno mexicano afirmó mediante un edicto que sería depositado en el Bank of America, aunque después afirma que se encuentra ingresado en México y utilizado para “la lucha contra el narcotráfico”.  Para finalmente anunciar, en uno de los últimos capítulos de esta saga, que será “repartirlo equitativamente” entre tres secretarías.

Analistas y miembros de la oposición sin embargo, han cuestionado este manejo financiero de lo que consideran como “el cuerpo del delito”, puesto que al destinarlos a la circulación de intereses se desvanecía así “una prueba” y la posibilidad de rastrear su origen.

Detenido en Maryland a principios de esta semana, Zhenli Ye Gon ha anunciado a través de sus abogados en EU, que pedirá el asilo político en ese país, mientras que el gobierno mexicano asediado por los medios que intentan “aglutinar” todas las aristas involucradas en el caso, anunció por su parte que ha iniciado un proceso de extradición para juzgar en nuestro país al empresario que recibió de las propias manos de Vicente Fox, su naturalización como ciudadano mexicano.