Peligran normas contra migración en EU

Un juez ordenó a una ciudad de Pensilvania anular disposiciones contra la migración ilegal; la medida podría extenderse a otras municipalidades que han aprobado medidas similares.
HAZLETON, Pensilvania, (AP) -

El fallo de un juez federal que determinó que una ciudad de Pensilvania no puede poner en vigencia una serie de normas tendientes a combatir la inmigración ilegal podría anular disposiciones similares en comunidades a lo largo y ancho del país.

El juez James Munley halló cosas objetables en casi todos los aspectos de una Ley Contra la Inmigración Ilegal aprobada en Hazleton y sostuvo que los estados y las municipalidades no deben inmiscuirse en la lucha contra la inmigración ilegal.

Su fallo abarca únicamente a Hazleton, pero expertos en cuestiones legales dicen que podría abrir el camino a decisiones similares en el resto del país.

El fallo puede ser un importante punto de referencia para jueces ''que tienden a fallar a favor de la causa de los inmigrantes'', según Peter Spiro, profesor de leyes de inmigración en la Universidad Temple.

''Esta es una gran victoria para la causa de los inmigrantes, en el primer caso grande relacionado con estas ordenanzas'', añadió. ''No podían haber pedido más''.

Hazleton aprobó ordenanzas que fijan multas para los propietarios que alquilan viviendas a indocumentados y niegan licencias comerciales a empresas que los contratan. Otra disposición hubiera hecho que los inquilinos se registrasen en la municipalidad y pagasen por un permiso para alquilar.

Siguiendo el ejemplo de Hazleton, decenas de municipalidades de todo el país aprobaron medidas similares. Pero el juez Munley afirma que esas normas usurpan atribuciones que son exclusivas del gobierno nacional, que es el encargado de regular la inmigración, y privan a los ciudadanos de su derecho a un proceso legal.

''Incluso si no hubiese conflictos entre las leyes federales y las medidas de Hazleton, sería imposible poner en vigor una ordenanza que viola los derechos constitucionales de cada persona, sea o no residente legal'', dijo Munley.

También señaló que las ordenanzas de Hazleton chocan con la política migratoria del gobierno nacional, la cual, dijo, evita actuar ''con excesivo rigor'' contra inmigrantes ilegales para no comprometer las relaciones exteriores. Opinó que Hazleton no tuvo en cuenta ''las implicaciones de las ordenanzas en la política exterior''.

El alcalde de Hazleton Lou Barletta promovió la adopción de normas más severas el año pasado, luego de que dos indocumentados fueron acusados de un asesinato. El alcalde, quien es republicano, dijo que los indocumentados trajeron drogas, delincuencia y pandillas a esta ciudad de 30,000 habitantes y que la policía y las escuelas estaban abrumadas.

Agrupaciones defensores de los hispanos y varios indocumentados demandaron a la municipalidad, aduciendo que la medida era racista y divisiva.

La ley de Hazleton fue copiada por decenas de municipalidades de todo el país, que consideran que el gobierno nacional no hace lo suficiente para combatir la inmigración ilegal.

Dado que la ordenanza de Hazleton fue la primera en ser cuestionada en los tribunales, es posible que la opinión de Munley sea tenida en cuenta por jueces que analizan la validez de medidas similares, según expertos. Un juez federal de Texas, por ejemplo, está considerando un caso en el que se cuestiona una norma de Farmers Branch, un suburbio de Dallas, que prohibe alquilar viviendas a indocumentados.

''Todos los jueces van a darle una mirada a lo que escribió el juez Munley y lo tomarán en cuenta al emitir un fallo'', expresó Jan Ting, ex funcionario del servicio de inmigración y actual profesor de leyes en Temple. ''Sería negligente no hacerlo'', agregó.

Hazleton se propone apelar el fallo de Munley ante un circuito de apelaciones de Filadelfia. El abogado de la municipalidad, Kris Kobach, dijo que Munley ignoró un precedente de la Corte Suprema y otras leyes federales.

Kobach afirmó que en 1976 la Corte Suprema convalidó una ley de California que prohibe a las empresas contratar indocumentados.

Munley sostuvo que ese fallo de la Corte Suprema no es aplicable ahora, porque una década más tarde el Congreso aprobó una legislación que declara ilegal la contratación de indocumentados y prohibe expresamente a los estados y las municipalidades imponer sus propios controles y castigos.

Angelo Paparelli, presidente de la Academy of Business Immigration Lawyers y quien se opone a las ordenanzas de Hazleton, cree que de ahora en adelante los tribunales tomarán como referencia el fallo de Munley. ''Rebatió y anuló todos los argumentos legales que hizo la municipalidad'', señaló.

Pero Ting, quien está en desacuerdo con el fallo de Munley, dice que otros jueces no lo tomarán como referencia si un tribunal de apelaciones lo anula. ''Nadie puede pronosticar con certeza cuál será el desenlace. Todavía hay que recorrer un largo camino'', manifestó.

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