Crisis por muertes indígenas en Colombia
Las comunidades indígenas denunciaron lo que calificaron como ''una crisis humanitaria y de derechos humanos'' en Colombia y acusaron a las autoridades de dejar impunes decenas de asesinatos de sus miembros.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, informó sobre un fallo en el cual ordena al gobierno colombiano indemnizar con 232,000 dólares a los familiares de un líder indígena que fue asesinado por el Ejército en 1988, hecho reconocido por el estado colombiano ante ese tribunal.
La corte, con sede en Costa Rica, también ordenó al gobierno colombiano publicar el fallo en la lengua nativa del fallecido y a darle una beca a sus hijas.
De acuerdo con el fallo, Germán Escué Zapata, fue capturado por el Ejército cuando dormía en su reservación indígena en el suroeste del país después de que un informante le dijo al Ejército que estaba almacenando armas para la guerrilla. Un capitán luego le disparó varias veces a la cabeza.
El anuncio de la corte y las exigencias de las comunidades indígenas llegan en la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que se celebra el 9 de agosto del 2007.
Las exigencias de los indígenas colombianos fueron secundadas por varias organizaciones internacionales en una rueda de prensa.
Roberto Meier, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dijo que ''estamos vestidos de luto porque hace exactamente 365 días denunciamos que cinco indígenas habían sido asesinados... hasta el día de hoy no se ha encontrado a los culpables... parece que no hubiese pasado nada''.
Meier se refirió así al asesinato de cinco miembros de la etnia awá del suroeste de Colombia, que fueron ejecutados por un grupo de hombres encapuchados. Las autoridades todavía no han encontrado culpables.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señaló que al menos unos 36 indígenas han sido asesinados entre enero y agosto de este año, y que los principales culpables de las violaciones de sus derechos humanos son los grupos paramilitares.
''Pervivimos en medio de una crisis humanitaria y de derechos humanos que parecen insalvables frente a la arremetida adelantada por los actores armados'', dijo Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC.
''Hay una presión permanente sobre los pueblos indígenas sobre todo del paramilitarismo'', dijo Andrade.
Según Andrade, la política de ''seguridad democrática'' del presidente Álvaro Uribe, que ha supuesto una mayor penetración de las fuerzas militares en las zonas rurales del país, ha puesto en peligro a las comunidades indígenas.
La ONIC asegura que el 38% de las violaciones de derechos humanos que sufrieron miembros de las comunidades indígenas fue perpetrada por fuerzas estatales.
Meier manifestó su preocupación por las amenazas que reciben los líderes y lamentó que ''por el solo hecho de representar a su gente tienen que pagar con la vida''.
