Inmigrantes amenazados por sus viviendas
La vida es dura para los 4,000 inmigrantes hispanos que viven en el DesertMobileHomePark, donde cientos de viviendas derruidas flanquean las calles de tierra.
Con temperaturas de 43 grados centígrados, enjambres de grandes moscas negras revolotean por todas partes y el aire huele a desperdicios sin tratar. Perros salvajes merodean por los callejones.
Pero las condiciones podrían empeorar si el gobierno federal cumple su amenaza de clausurar este lugar en una reserva india debido a las pésimas condiciones de salubridad y seguridad.
''¿Adónde iremos, dónde nos mandarán?'', preguntó Angélica Cisneros, mexicana de 59 años, que vive con su familia de cuatro personas en una casa rodante semiderruida color verde mar. ''No tenemos dinero''.
El Valle de Coachella es una de las regiones agrícolas más ricas de Estados Unidos y contiene centros turísticos de cinco estrellas como Palm Springs. Pero los miles de trabajadores migratorios que llegan desde América Latina para trabajar en los campos tienen dificultades para conseguir vivienda. Con sueldos anuales de apenas 12,000 dólares, muchas familias viven en casas miserables.
DesertMobileHomePark tiene la singularidad de hallarse en la Reserva Indígena Torres Martínez, fuera de la jurisdicción de los gobiernos estatal y locales.
Hasta el momento, el Buró de Asuntos Indígenas no ha podido proveer de alternativas a los residentes, aunque se prepara a pedir a un juez federal que ordene el cierre gradual del parque en un lapso de cuatro meses.
El juez puede fallar a favor del pedido o bien exigir que el dueño realice reparaciones o entregar el parque a la intervención federal.
El buró junto con las autoridades municipales trata de encontrar otras viviendas, algo más que difícil en una región al sureste de Los Angeles donde la demanda acapara rápidamente las poco más de 200 viviendas baratas ofrecidas cada año.
''No hay respuestas sencillas, y ojalá las hubiera'', dijo James Fletcher, supervisor del buró para el sur de California. ''¿Es mejor que la gente siga viviendo en esas condiciones? Tenemos que encontrar un equilibrio''.
Los inmigrantes son esenciales para la economía agrícola al cosechar uvas, dátiles, chiles y otros cultivos por valor de casi 1,000 millones de dólares (mdd) en esos campos que requieren gran riego.
Otras regiones agrarias del país sufren problemas similares. En el estado de Washington, algunos inmigrantes viven desde hace cuatro años en un campamento de carpas en tierras comerciales cerca de un aeropuerto. En Carolina del Norte el gobernador estudia un proyecto de ley para vigilar las condiciones de vivienda de los inmigrantes.
En California, los defensores de los trabajadores rurales están espantados por sus condiciones de vida, pero advierten que el cierre del parque no es la solución. Quieren que el gobierno federal se haga cargo del lugar y realice mejoras urgentes mientras elabora un plan a largo plazo.
''No deberían concentrarse en el cierre sino en la rehabilitación del parque para resolver los problemas más urgentes de salubridad y seguridad'', dijo Arturo Rodríguez, abogado de la Asistencia Legal Rural de California.
El conflicto comenzó a fines de los 90, cuando las autoridades locales empezaron a desalojar los parques de casas rodantes instalados en tierras municipales.
Harvey Duro, de la tribu cahuilla de Torres Martínez, abrió 16 hectáreas (40 acres) de su tierra a los inmigrantes desplazados.
Los trabajadores, con sus casas rodantes, se instalaron en las tierras de Duro.
Las condiciones se deterioraron hasta el 2004. Las autoridades federales ordenaron obras de reparación cuando la Agencia de Protección Ambiental y el Buró de Asuntos Indígenas denunciaron la falta de agua potable y de cloacas, los basurales ilegales y la sobrepoblación.
Alan Singer, vocero de Duro, dijo que el dueño de la tierra ha invertido decenas de miles de dólares para reparar el sistema de acueducto y eliminar los focos de riesgo.
''Si se cierra el parque, será un desastre total'', dijo Singer. ''Tendrán que vivir como antes, es decir, bajo los árboles o dentro de automóviles, porque no tendrán otra cosa''.
Los habitantes pagan 275 dólares mensuales de renta por un espacio para la casa rodante. El pago de servicios eleva la cuenta mensual a unos 500 dólares, aunque a veces pasan días sin agua ni electricidad.
En lo más alto de la temporada viven hasta 20 personas en algunas casas rodantes del parque, situado cerca de un basural recientemente clausurado y una laguna de tratamiento de desechos.
El mes pasado hubo una inspección federal después de un incendio que destruyó ocho casas. Fletcher dijo que se registraron escasas mejoras.
''Hay que instalar por lo menos la infraestructura básica (agua limpia, alcantarillas, electricidad) y él no lo hizo'', dijo el funcionario.
Singer dijo que el Buró de Asuntos Indígenas no ha enviado el informe de su última inspección a Duro, y acusó a la agencia federal de tratar de apoderarse de las tierras indígenas.
El Condado de Riverside estudia varias opciones para los residentes que serían desplazados por la eventual clausura del parque, como pedir casas rodantes temporarias a la Agencia Federal de Administración de Emergencias o líneas de créditos para viviendas móviles.
Con todo, el gobierno local no podría afrontar la situación si miles de personas quedaran sin techo en los próximos meses, dijo Denys Arcuri, vocero del supervisor municipal Roy Wilson, cuya jurisdicción abarca el Valle de Coachella.
''Resulta que no tenemos 2,000 viviendas vacías donde alojar a la gente'', dijo Arcuri''.
