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Procesan a Menem por venta de armas

Los bienes del ex mandatario, que ascienden a 112.8 mdd, fueron embargados;
sáb 08 septiembre 2007 04:39 PM

La justicia procesó al ex presidente argentino Carlos Menem acusado de ser el presunto coautor del contrabando agravado de armas de guerra a Ecuador y Croacia durante su mandato (1989-1999).

El procesamiento fue dispuesto por el juez en lo penal económico Rafael Caputo quien ordenó además un embargo sobre los bienes del ex mandatario por unos 112.8 millones de dólares, informaron medios locales.

La información no pudo ser confirmada por AP en el juzgado, que se encontraba cerrado por el fin de semana.

Aunque el juez no le impuso la prisión preventiva, Menem no podrá salir del país sin autorización judicial. El ex mandatario, sin embargo, está protegido por los fueros que le confieren su investidura como senador nacional por la provincia norteña de La Rioja, de la que es oriundo.

Menem, de 77 años, ya estuvo detenido seis meses en 2001 por la venta ilegal de armas, pero recuperó la libertad tras un fallo absolutorio de la Corte Suprema de Justicia, cuya mayoría le respondía políticamente.

Argentina vendió armas a Croacia en 1991 y 1995, cuando regía un embargo de las Naciones Unidas a los países integrantes de la ex Yugoslavia. En 1995 se produjo la venta a Ecuador mientras el país estaba involucrado en un conflicto armado con Perú. Argentina es, paradójicamente, uno de los cuatro países garantes de paz del acuerdo firmado por esas dos naciones en 1943.

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Además de la ilegalidad de la operación, de los 100 millones de dólares que debió recibir Fabricaciones Militares, la empresa estatal que vendió las armas, solamente ingresaron a sus arcas 40 millones. El resto fue a parar a manos de ''intermediarios''.

En la causa están también involucrados los ex ministros de Economía Domingo Cavallo, de Defensa Oscar Camilión y el ex brigadier de la Fuerza Aérea Juan Paulik.

Menem tiene otras causas abiertas en los tribunales. Una por el ocultamiento de bienes que no incluyó en su declaración jurada, y por irregularidades en la licitación para construir cárceles.

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