Ilegales apoyan a patrón y evade cárcel

La empresa de cercas Golden State Fence empleaba a indocumentados en EU hasta que fue descubier la empresa trabajaba para el gobierno de EU haciendo vallas en prisiones, bases militares y bar
La empresa tenía un tercio de sus empleados trabajando ilega  (Foto: )
SAN DIEGO (AP) -

Mel Kay fabrica cercas. Tenía la compañía de ese ramo más grande en el sur de California, llegó a conseguir ventas anuales por 150 millones de dólares y sus cercas se encuentran por doquier: en barrios privados, en bases militares y hasta en prisiones.

Incluso construyó cercas en dos celdas de inmigración, una estación de la Patrulla Fronteriza y en la frontera con México.

Esto constituye toda una paradoja, porque admite que muchas de las cercas que instaló su compañía fueron construidas por inmigrantes sin papeles. Las autoridades federales se enteraron y lo persiguieron, decididos a enviarlo a la cárcel como ejemplo para otros empleadores que contratan a trabajadores indocumentados.

Tenían numerosas pruebas. La fiscalía determinó que aproximadamente un tercio de sus 750 trabajadores no tenían papeles. Dijeron a los abogados de Kay que tenían entrevistas videograbadas con una docena de empleados que habían sido apresados en redadas en Golden State Fence Co. en 1999 o el 2004, expuestos como inmigrantes ilegales, y después contratados nuevamente por la compañía.

La historia del ascenso y caída de Kay _según documentos judiciales, informes del gobierno y entrevistas con sus empleados y asociados, investigadores federales y el mismo Kay_ comienza en el suburbio angelino de Glendale, donde nació en una familia con 10 hermanos.

Su padre, que se mudó de Oklahoma a California durante la época de la Depresión, tenía problemas de afición a los juegos de azar y murió a los 47 años de un ataque cardíaco. Su madre, hija de inmigrantes italianos, nunca condujo un automóvil ni escribió un cheque.

Los Kay se mudaron de un sitio a otro en California cultivando almendras, tomates y otros productos. Mel empezó a recoger fruta a los siete años y asistió a más de 20 escuelas hasta que abandonó los estudios a los 16 años para trabajar en un aserradero.

Kay y un amigo tomaron prestados 8.000 dólares para iniciar un negocio de instalación de cercas y puertas de garaje en 1968. En 1977 se mudó a Coeur D'Alene, en Idaho, para abrir un aserradero. El negocio fracasó y además una sierra le rebanó un dedo y parte de la mano derecha.

Regresó a California para lanzar Golden State Fence en 1984 con cinco empleados y fue progresando a principios de los años 90. Casi desde el comienzo dependió de mano de obra de inmigrantes ilegales.

Casi todos sus empleados aprovecharon la amnistía de 1986 pero pronto tuvo problemas para conseguir trabajadores. Desconfiaba de los solicitantes de empleo desconocidos y prefería depender de empleados mexicanos para que reclutaran a familiares y amigos.

''Eran más confiables y más dispuestos a quedarse por largo tiempo'', explicó a la AP en su oficina en Riverside.

Kay admite haber dependido de trabajadores ilegales cuando el mercado de la vivienda se expandió en la década del 90 y sobre todo en la primera mitad de la actual.

''Nunca experimenté un auge igual'', dice.

Instalar cercas es un trabajo duro, especialmente en el calor del desierto y el duro suelo rocoso en el sur de California. Kay requiere que los solicitantes de empleo levanten un peso de 27 kilogramos (60 libras) sobre sus cabezas y empujen carretillas llenas de tierra. Un 75% de sus trabajadores son hispanos.

Pero Kay paga bien a sus empleados. Los recién contratados empiezan con un salario anual de 35.000 dólares y llegan a los 60.000 después de tres años. Los trabajadores de tiempo completo tienen seguro médico y seguro de vida, licencias pagas por enfermedad y por lo menos dos semanas de vacaciones.

El negocio prosperó. Varias compañías pequeñas compraron cercas a la fábrica de Kay. Otros clientes incluyen grandes firmas constructoras y el mismo gobierno, que representa un 30% de sus ingresos.

En cartas dirigidas al juez en el caso de Kay, elogiaron los diseños y materiales de las cercas y su cumplimiento de los trabajos.

''Golden State Fence es capaz de asumir los proyectos más grandes del gobierno que la mayoría de las demás empresas de cercas sencillamente no podían cumplir'', dice una carta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que contrató a la firma de Kay para trabajos en varias bases militares y en 1977 para levantar un tramo de 1,6 kilómetro (una milla) de la frontera con México en San Diego.

Un hijo de inmigrantes fue el verdugo de Kay

El nativo de El Paso, Texas, e hijo de inmigrantes mexicanos, empezó a hacer cumplir las leyes federales de inmigración en 1987 después de diez años como policía estatal. Un año antes, el gobierno había dispuesto que era contravención contratar a un inmigrante ilegal, y en 1996 se le decretó delito.

Ahora, a los 53 años, es supervisor de grupo en el organismo policial del Servicio de Inmigración y Aduanas. Desde su oficina en el edificio federal de San Diego dirigió el allanamiento de Golden State Fence.

Flores cree firmemente que los empleos en Estados Unidos deberían ser para los ciudadanos y los residentes legales. Duda de las afirmaciones de Kay de que Golden State no podía hallar suficientes trabajadores legales para cavar zanjas por 60.000 dólares anuales y beneficios.

''Si pagas buenos salarios, ¿para qué arriesgar tu compañía?'', se pregunta.

El entusiasmo del gobierno por penalizar a los empleadores se desvaneció después de los primeros años de Flores en su cargo y, para mediados de la década del 90, el esfuerzo se volcó a los inmigrantes ilegales que se involucraban en pandillas y delitos violentos.

El gobierno de George W. Bush ha renovado las operaciones en fábricas y oficinas pero se ha anotado pocas victorias legales. Hay muchos motivos: unos 7 millones de inmigrantes ilegales trabajan en Estados Unidos, lo que hace imposible que los fiscales, con sus limitados recursos, puedan atrapar a más de unos pocos. Además los empleadores se defienden diciendo que no sabían que tenían trabajadores ilegales con documentos falsos, y los fiscales rechazan casos porque es extremadamente difícil demostrar la complicidad de los empleadores.

Los investigadores se fijaron en Golden State Fence cuando estaban haciendo una auditoría de contratistas militares en una operación nacional después de los ataques terroristas del 2001, y detectaron que 48 de los 182 trabajadores en la sucursal de Oceanside de la firma eran ilegales. En la madrugada del 21 de septiembre del 2004, los agentes arrestaron a doce de ellos cuando salían de sus casas.

Había otras evidencias contra Kay: 368 trabajadores tenían números de seguro social que no coincidían con sus nombres. Pero otros casos de trabajadores recontratados serían la base del caso del gobierno. Kay admite que ignoró las advertencias de no recontratarlos: ''Habían trabajado mucho tiempo para mí'', adujo. ''No me pareció que fuera gran cosa. Fue una decisión errada de mi parte. Muy errada''.

Poco después de llegar al trabajo a las 5 de la mañana el 30 de noviembre del 2005, agentes federales allanaron su sede central en un sector industrial de Riverside, a 100 kilómetros (60 millas) al este de Los Angeles.

Simultáneamente, unos 200 agentes allanaron la mayor de las diez sucursales, en Oceanside, al norte de San Diego. En total, arrestaron a 17 empleados.

Finalmente Kay reconoció que estaba en serios problemas. Pero era demasiado tarde.

Cuando Kay llegó para recibir su sentencia en marzo, el juez Barry Ted Moskowitz dijo que su instinto inicial fue enviarlo a la cárcel, por considerar que una sentencia de prisión sentaría buen precedente.

Pero Moskowitz notó la firme ética de trabajo de Kay y el apoyo que manifestaron sus empleados que colmaron el salón. El juez dijo que no podía ignorar que Kay y Michael McLaughlin, gerente de la sucursal de Oceanside y yerno de Kay, trataban a sus empleados como su familia. Después que un allanamiento federal les obligó a despedir a unos 200 inmigrantes ilegales, les pagaron a todos dos semanas por despido, aunque no estaban obligados legalmente a hacerlo.

Los dos acusados fueron confinados a sus hogares durante seis meses con permiso para salir exclusivamente para ir a trabajar. Golden State y los dos ejecutivos cedieron 5 millones de dólares en un acuerdo con la fiscalía.

Pero el gobierno no logró la pena de seis meses de cárcel que quería empeñosamente. Y Flores no oculta su decepción.

''Una sentencia de prisión habría sido un mensaje elocuente'', dice.

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