En Holanda promueven boicot olímpico
El partido político más pequeño de la coalición gobernante en Holanda está llamando a realizar un boicot en la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de Pekín para remarcar el accionar de China frente a los derechos humanos.
"Estamos presionando mucho para boicotear la ceremonia de apertura. Esperamos ayuda internacional", declaró el lunes Joel Voordewind, miembro del Parlamento para la Unión Cristiana.
El funcionario dijo que estaba instando a los partidos políticos de Europa y a los neoconservadores de Estados Unidos a unirse e impulsar juntos un boicot debido a que la actitud de China en relación a los derechos humanos empeoró y debido a la política que el país asiático implementa en Sudán.
La Unión Cristiana, un partido conservador protestante, es el compañero menor de una coalición de tres junto a los Demócratas Cristianos y al Partido Laborista.
La semana pasada, el director de cine de Hollywood Steven Spielberg se retiró de su rol de consejero artístico de los Juegos porque dijo que China estaba haciendo muy poco para ayudar a detener el derramamiento de sangre en la región sudanesa de Darfur.
Junto a esto, ocho ganadores de Premios Nobel de la Paz escribieron cartas al presidente chino, Hu Jintao, pidiéndole un cambio de dirección en la política respecto al conflicto en Sudán, donde China tiene grandes inversiones en petróleo.
Pekín, por su parte, dice a menudo que está trabajando por la paz en Darfur.
El último mes, Holanda fastidió a China luego de que su ministro de asuntos exteriores, Maxime Verhagen, asistió una discusión acerca de la actitud del país oriental para con los derechos humanos y de los Juegos, pese a la advertencia del embajador chino sobre que el debate era ofensivo.
Verhagen dijo que el boicot sería contraproducente y que el diálogo permitiría conseguir más. Pero expresó su preocupación sobre que los derechos humanos en China parecían estar deteriorándose en el camino hacia las Olimpiadas.
El país asiático defiende rutinariamente su postura frente a los derechos alegando que sus ciudadanos disfrutan de una mayor libertad que hace tres décadas y que alimentar y vestir a 1,300 millones de personas tiene prioridad por sobre los derechos humanos.