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Presionan a ilegales para dejar Arizona

La ley que promete castigos a patrones que den trabajo a ilegales expulsa a los indocumentados; el 10% de los empleos en el estado eran ocupados por inmigrantes.
sáb 01 marzo 2008 06:00 AM
La falta de trabajo hace que los ilegales se muevan a otros

Dos meses después de ser aprobada una ley que castiga a los patronos que contraten a sabiendas inmigrantes ilegales, decenas de indocumentados se han ido a otros estados o han regresado a sus países en América Latina.

Gaby Espinoza, desempleada desde noviembre que figura entre los afectados, renunció a buscar trabajo debido a la ley y quizá tenga que regresar a México.

El esposo de Espinoza tiene permiso de trabajo, pero como los patronos tienen que exigir ahora la correspondiente documentación, Gaby encara a diario la posibilidad de ser deportada.

''No hay trabajo en México'', dijo Espinoza, cuyos tres hijos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. ''La gente allí vive tan pobre. Aquí, mis hijos tienen seguro médico y Medicare. Allí no hay nada''.

José Pérez León, un bracero de Phoenix que desea regresar a la capital mexicana, dijo que el trabajo abundaba cuando llegó a Arizona ilegalmente hace 18 meses, pero comenzaron a desaparecer en los últimos tres meses.

''No me gusta más esto debido a todo lo sucedido'', indicó. ''No hay trabajo''.

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La legislatura estatal, controlada por los republicanos y la gobernadora demócrata Janet Napolitano aprobaron la ley a mediados del año pasado ante la frustración de que el gobierno federal no hace lo que debe para reprimir la inmigración ilegal. Entró en vigencia el primero de enero.

La ley suspende o revoca las licencias de empresas que violen la norma y tiene como fin reducir los incentivos económicos para que los inmigrantes entren ilegalmente en el estado. Los indocumentados suman el 10% de la población laboral de Arizona y es la principal ruta del país para la inmigración ilegal.

Los grupos empresariales han apelado la ley y mientras aguardan el falo la fiscalía estatal acordó congelar los casos contra aquellos patronos sorprendidos en violación de la norma, hasta el primero de marzo.

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