Ven difícil demanda de Uribe vs Chávez
Al gobierno de Colombia le será difícil sustentar ante la Corte Penal Internacional (CPI) su acusación contra el presidente venezolano Hugo Chávez sobre un supuesto financiamiento a las rebeldes FARC, afirmaron hoy abogados locales.
El jurista y experto en temas internacionales, Carlos Patiño, dijo que para que prospere la denuncia se requieren pruebas "contundentes" que involucren a Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Advirtió que por ahora el gobierno colombiano sólo posee archivos hallados en la computadora del abatido jefe rebelde Raúl Reyes, en los que se liga a Chávez con el pago de 300 millones de dólares a las FARC, la principal y más antigua guerrilla de Latinoamérica.
"El problema es la prueba, porque no es una demanda cualquiera (la que pretende instaurar Colombia ante la CPI), es una demanda contra un jefe de Estado que a su vez está investido democráticamente", señaló Patiño.
El presidente colombiano Alvaro Uribe anunció este martes que demandará a su homólogo venezolano ante la CPI, con sede en La Haya, por "financiar a genocidas", en alusión a las FARC, a las que su gobierno considera una organización terrorista.
Uribe advirtió que su gobierno no permitirá que ningún país se solidarice o sea "cómplice con el terrorismo", por lo que decidió demandar a Chávez ante ese tribunal internacional.
El abogado Rafael Nieto, por su parte, dijo que la acusación de Bogotá ante la CPI se trata de un "trámite complejo", aunque resaltó la importancia de las pruebas que Colombia dice tener para acusar al presidente Chávez.
La computadora fue hallada el pasado sábado, tras el bombardeo a un campamento rebelde en Ecuador por parte de tropas colombianas, ataque en el que murió Reyes, el segundo en la línea de mando de las FARC, y otros 21 guerrilleros.
Tras el ataque, Chávez se solidarizó con el gobierno de Quito y acusó a Colombia de haber violado la soberanía ecuatoriana, por lo que ordenó el cierre de la embajada de Venezuela en Bogotá, envió tropas a la frontera y expulsó a los diplomáticos colombianos.
Medidas similares adoptó el presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien expulsó al embajador de Colombia en Quito, Carlos Holguín, rompió relaciones diplomáticas con el gobierno Bogotá y reforzó la seguridad militar en la zona limítrofe.
