Piden aplazar ley antitabaco hasta 2009
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) reiteró su propuesta para que la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores entre en vigor hasta 2009.
La finalidad, explicó, es evitar actos de corrupción en la aplicación de multas exorbitantes, reducción de comensales y aumento de la informalidad.
En un comunicado, la Canirac insistió al gobierno local que antes de que la ley entre en vigor el 3 de abril próximo debe ser sometida a una campaña de concientización entre la ciudadanía.
Recordó que la industria restaurantera genera en la capital alrededor de 154,000 empleos directos y 350,000 indirectos, por lo que la nueva legislación la coloca en una situación de riesgo económico, además de que muchos trabajadores serían despedidos.
"Reiteramos nuestra solicitud de que antes de que entre en vigor esta ley, el gobierno del Distrito Federal haga una campaña de concientización entre el público en general", señaló.
La Canirac expuso que la entrada en vigor de la ley se da por adelantado e incumple lo pactado con la autoridad en el sentido de que se aplicaría hasta mediados de año, posterior a una campaña de concientización.
Dijo que sus afiliados acordaron cooperar con las autoridades para proteger la salud de los no fumadores, "pero solicitamos se analicen cuidadosamente los efectos negativos de aplicar una ley sin considerar los sectores involucrados".
La Canirac insistió en que no se midieron las consecuencias económicas y sociales que provocará la nueva ley a 98% de los 34,000 establecimientos formales de giro restaurantero ubicados en la capital del país.
"En su contenido no se considera el perfil eminentemente popular que tiene la industria restaurantera, donde se sirve a un segmento consumidor que diariamente tiene la necesidad de hacer alguna comida fuera de casa", sostuvo.
La Canirac indicó que no está de acuerdo en que a los propietarios de restaurantes se les sancione por actos cometidos por terceros.
Asimismo, manifestó su desacuerdo en desarrollar "funciones de policía que sólo competen a la autoridad”, y que además se apliquen sanciones económicas y/o administrativas desproporcionadas, como cierre de establecimientos, altas multas e incluso arrestos.
