La Ley de medios envía señales difusas

En víspera de la Semana Santa, el ambiente en el Senado es festivo. En el patio central del recinto de Xicoténcatl y a la sombra de la estatua de Belisario Domínguez los legisladores reparten abrazos antes de salir de vacaciones.

Sin embargo, un grupo de ocho senadores lleva en el portafolio apuntes de algo que podría alterar las reglas del negocio de los medios electrónicos, actividad que, según la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), representa ingresos publicitarios por más de 4,200 millones de pesos.

La historia de este proceso comenzó el 11 de abril de 2006, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un decreto con reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT).

Se incluían pasajes polémicos, como la fracción V del artículo 16 que dice que “...el término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario, que tendrá preferencia sobre terceros”.

Las implicaciones de dichas modificaciones en términos de condiciones de competencia en el mercado de medios audiovisuales, y el sui géneris proceso de aprobación en el Congreso (unánime en la Cámara de Diputados y sin modificaciones en el Senado) hicieron que el 4 de mayo de 2006, un total de 47 senadores interpusieran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del 11 de abril previo.

El 7 de abril de 2007, la Corte declaró la inconstitucionalidad de fracciones de seis artículos de la LFRT. Así, el 4 de julio de 2007, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República conformó un grupo de trabajo para revisar la legislación de medios y telecomunicaciones. Los ocho senadores del Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión arrancaron sus trabajos el 7 de septiembre del año pasado.

El grupo se trazó objetivos ambiciosos de la mano de su secretario técnico, Julio Di-Bella (ex director de Canal Once, al que Expansión buscó sin éxito para una entrevista). De acuerdo con la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, luego de un periodo de recepción de propuestas de la sociedad civil (que concluyó en marzo), el grupo tiene la tarea de construir una propuesta de modificaciones a la legislación de medios, actualmente regada en tres legislaciones principales (LFRT, Reglamento de Audio y Televisión Restringidos y Ley Federal de Telecomunicaciones) más una decena de decretos, dictámenes y reglamentos.

“Trabajamos en un documento base a presentar antes del final del presente periodo ordinario de sesiones en el Senado”, dice, el senador panista Marko Antonio Cortés, del Grupo Plural. Esto significa que para finales de abril, la propuesta estaría viendo la luz. Según el legislador, “la intención es colocar todas las preocupaciones en un solo cuerpo legal”.

Querido grupo plural...

En este proceso, los senadores no han estado solos. El Grupo Plural recibió 35 documentos (de participantes que van de la CIRT y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, hasta el Sindicato de Telefonía de Japón; el Centro de Investigación y Docencia Económicas, particulares y firmas como Palmas 26, de la familia Saba, interesada en una tercera cadena de TV) que reflejan sus posturas y preocupaciones en torno a lo que debería tener una legislación de medios.

Y hay todo tipo de opiniones, algunas concordantes y otras hostiles. De acuerdo con diversas propuestas realizadas por la secretaría técnica del Grupo Plural y resumidas sobre cinco ejes temáticos, Expansión analiza algunas posturas:
Principios rectores: Los sectores privado y público están de acuerdo en que debe prevalecer la igualdad entre los participantes en el mercado de medios, amén de eliminar barreras de acceso para nuevas empresas interesadas. Por su parte, la CIRT señala que las resoluciones de la Suprema Corte crearon un espacio legal de indefinición que debe ser subsanado.

Jurisdicción y competencia: Los sectores privado y público coinciden en que la fragmentación de la regulación (repartida entre Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Telecomunicaciones –Cofetel– y las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Salud) daña la industria. Se propone que un organismo regule todos los temas referentes a los medios electrónicos, desde la repartición de concesiones hasta la regulación de contenidos. Se crearía una ‘Súper Cofetel’ con autonomía y capacidad de castigo.

Administración del espacio radioeléctrico: El gobierno podría modificar el monto de inversión extranjera y aclarar el proceso de concesiones y permisos (hoy confusos y discrecionales). La CIRT pide procesos de licitación de frecuencias ágiles y que se mantenga la limitación a emisoras sin fines de lucro de vender publicidad.

Regulación de contenidos: La Comisión Federal de Competencia (CFC) pide mecanismos para evitar que los contenidos sean herramientas de guerra comercial. Profeco solicita se cuide el consumo responsable en los contenidos y la Segob pide capacidad para regular nuevos formatos de publicidad audiovisual. La CIRT pide formas de autorregulación inocuas para la industria.

Sanciones: El gobierno pide mayores sanciones y que se clarifique su aplicación. Los actores sociales (como la Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación) solicitan el fortalecimiento del derecho de réplica. La CIRT pide que éste no sea abusivo.

Detrás de cámara

En el debate por las enmiendas se encuentran posturas ideológicas, pero, sobre todo, el manejo de un negocio que hasta ahora ha sido benéfico para los jugadores establecidos. Raúl Ochoa, analista de Scotia Capital, dice que los márgenes de televisión son muy buenos, (y los participantes actuales) conocen el mercado. “La mayor parte de la producción la hacen ellos y lo demás es comprado a bajo costo”, asegura.

Los dueños de los medios electrónicos obtienen márgenes superiores a 40% basados en su control sobre el mercado publicitario. “Tienen clientes cautivos como las automotrices, intermediarias y empresas de productos de consumo, muy interesadas en bajar costos”, dice Ochoa. Modificar este marco bajaría los costos pero reduciría las utilidades. “Vean lo que pasó cuando entraron los genéricos a las farmacias o con Coca-Cola cuando entró Big Cola”, agrega.

El analista se muestra poco entusiasmado con el proceso legislativo en curso debido a que las empresas de medios electrónicos actuales podrán ejercer influencia en el mercado aun con nuevos jugadores: “El tamaño, los clientes y la estructura de costos importan y eso se va a mantener por mucho tiempo”.

Para Salomón Padilla, abogado especializado en telecomunicaciones, un punto crítico del proceso legislativo está en el control de los participantes dominantes: “No sólo es la dominancia de Telmex, también hay en contenidos, regionales y hasta locales. Parte de la cultura de las firmas de telecomunicaciones es no cambiar lo que no está roto”.

¿Y el público?

En realidad, todas las partes participan en un debate donde el consumidor no aparece. Al preguntársele sobre los mecanismos para conocer la opinión del público, el senador Cortés dice que, “los escucho porque todos los días veo y hablo con consumidores de medios”.

En un análisis realizado al texto del libro Avances y aportaciones para la Reforma Legislativa de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de 192 páginas (que resume las participaciones de los actores sociales ante el Grupo Plural) la palabra ‘televidente’ aparece cuatro veces, el término ‘radioescucha’ dos y la palabra ‘consumidor’, 15.

“Quien menos juega es el público”, reconoce Álvaro Cueva, periodista especializado en televisión. “Es una ley que está hecha para controlar empresarios, darle mayor autoridad al Estado y no para servir al público”.

Cueva señala que “al público nunca se le ha preguntado si le molesta la gran presencia de Televisa y TV Azteca en la televisión nacional. A lo mejor ni le importa”. Sobre la posibilidad de abrir espacio a nuevos participantes, advierte que “nada garantiza que si hay más televisoras, van a hacer programas diferentes a los que vemos en pantalla”.

Otro problema que detecta es que “las autoridades luchan por quitar poder a las firmas privadas y no por impulsar las televisoras públicas”. Recuerda que en las pasadas elecciones hubo una gran queja por el poder de Televisa y TV Azteca a la hora de dar información pero nadie se quejó del silencio de las televisoras públicas. Cueva ejemplifica: “Es triste que cuando el presidente o cualquier gobernador quiere dar una entrevista, primero va a Televisa o a TV Azteca que a sus propios medios”.

Así, el entorno de los medios de comunicación se verá agitado a lo largo de este verano, pues la propuesta senatorial será el inicio de un largo camino, no exento de los baches que terminaron por desbarrancar la legislación pasada. A ello se suma el escaso interés de otros actores, como los compradores de publicidad. “Junto con el gobierno influyen más a la hora de determinar contenidos”, dice Cueva. “Nunca se les menciona, es como si sólo sirvieran para dar dinero pero son responsables de gran parte de los contenidos que vemos”.

Con todo, pronto la reforma de medios saldrá a cuadro. Habrá que ver qué rating le depara.