EPR espera repuesta de gobierno mexicano
A cinco días de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) propusiera a varios personajes de la vida intelectual y de la política de México para intermediar entre este grupo armado y el gobierno de Felipe Calderón, en busca de la presentación con vida de dos de sus compañeros supuestamente secuestrados, el ejecutivo alarga su respuesta.
El jueves pasado el EPR solicitó al arzobispo emérito Samuel Ruiz, al escritor Carlos Montemayor, al abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, al antropólogo Gilberto López y Rivas y al Frente Nacional Contra la Represión, “dialogar con el gobierno y alcanzar la justicia que tanta falta hace a nuestro pueblo”, dijo el grupo en un comunicado .
Esta organización ha demandado desde el 25 de mayo del año pasado la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntamente detenidos y desaparecidos por el gobierno federal.
Entre julio y septiembre de 2007, el EPR se adjudicó las explosiones que dañaron varios ductos de Pemex en tres estados de la República, como inicio de una campaña de hostigamiento contra la oligarquía y en demanda de la liberación de dos de sus militantes.
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, declaró que verificarán la autenticidad del nuevo comunicado de la organización armada, y que hasta el momento, el gobierno no podría tomar su postura.
Respuesta de intermediarios
Los invitados a intermediar con el grupo y el gobierno respondieron a la petición del EPR, pero precisaron que esperan que las autoridades fijen su postura.
Para pronto, el Ejército Popular Revolucionario respondió a las peticiones aceptándolas ya que “su intermediación tiene un carácter puntual referido a las gestiones necesarias para lograr la presentación y libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; y que mientras dure esta intermediación no habrá acciones armadas de nuestra parte”.
Solicitó que los gobiernos federal y estatales “con sus policías y ejército dejen de hostigar e intimidar a las familias de los compañeros, a sus amistades y a las ONG’s que se han solidarizado contra este repugnante delito; que se deje de perseguir y de investigar a quienes consideran son parte nuestra; que el gobierno federal suspenda los operativos de búsqueda y captura de miembros de nuestro partido; y ponemos a su consideración que sus buenos oficios abarquen a los demás desaparecidos en el país”, dijo el EPR en el último comunicado.
El grupo armado surgió el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario del asesinato de 17 campesinos izquierdistas a manos de la policía en Aguas Blancas, en el estado de Guerrero.
El grupo guerrillero ha efectuado ataques esporádicos, prácticamente contra estaciones de policía en Guerrero y en el vecino de Oaxaca.
