El futuro de Pemex entra a discusión

La discusión sobre la reforma energética comienza en medio de controversias sobre su naturaleza esta semana el Senado arranca formalmente la serie de foros que durarán 71 días.
Pemex, en su refinería de Tula, logra una tercera parte del  (Foto: )
Adolfo Ortega

Abril, 2008. Las tribunas del Congreso de la Unión están tomadas por legisladores de oposición. En las calles hay cientos, quizá miles, de seguidores de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, las famosas ‘Adelitas’, dispuestas a paralizar la ciudad si no se cumplen sus peticiones. El gobierno jura que sus propuestas para cambiar diversas leyes en materia energética no tienen el objetivo de privatizar la industria, sino de mejorarla. Las encuestas dicen que los ciudadanos no le creen. Hay tensión, mucha tensión en el ambiente político.

En medio de este escenario, una buena noticia: por fin, después de muchos años, el país empieza a discutir un tema largamente aplazado, estratégico y entrañable para la mayoría de los mexicanos: qué hacer con su petróleo.

Esta historia empezó a tomar forma el mismo día en que se aprobó la reforma fiscal. Primero se tenían que aumentar las fuentes de ingresos del gobierno. Luego, proponer una reforma energética que seguramente le restará recursos fiscales al sistema impositivo.

Todo mundo creía que el pasado 18 de marzo, aniversario número 70 de la expropiación petrolera, el gobierno de Felipe Calderón presentaría su propuesta de reforma energética. No sucedió así, quizá porque la oposición ya velaba, desde entonces, armas para hacer frente a lo que han denominado la privatización de la industria.

Dos semanas después, el gobierno presentó un diagnóstico sobre Pemex, el cual pintaba a una empresa cuya situación financiera y operativa se sostiene con alfileres. El 8 de abril, tras varios meses de especulación, el presidente Calderón envió a la Cámara de Senadores un paquete de cinco iniciativas de reformas legales.

Por fin había una propuesta formal para empezar a discutir la ansiada reforma energética, aunque este título suene muy ambicioso. “Lo que propuso el presidente no es una reforma energética, son unos cambios a Pemex”, dice Juan Antonio Bargés, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Una reforma energética, agrega, contemplaría políticas para ahorrar energía, el fomento a la generación eólica o nuclear, entre otras cosas, además de cambios en el sector de los hidrocarburos. “Sería una cuestión integral”.

Cierto, eso no es lo que discuten los legisladores. Y ellos lo saben. “México necesita una reforma energética global, pero ponernos a trabajar en un concepto tan global nos iba a llevar mucho tiempo”, admite el senador panista Juan Bueno Torio, ex director de la subsidiaria Pemex Refinación y uno de los artífices de esta propuesta legislativa. “Decidimos enfocarnos a los hidrocarburos por la problemática que tiene Pemex y la baja de la producción de crudo”.

Entre otros cambios, el presidente Calderón propuso que inversionistas privados puedan instalar refinerías en México para maquilar los crudos de Pemex; crear una Comisión del Petróleo que organice y regule el sector; darle autonomía de gestión y de presupuesto a la paraestatal; y permitir que la iniciativa privada maneje, distribuya y almacene hidrocarburos.

De inmediato hubo reacciones. López Obrador calificó la iniciativa de ‘privatizadora’. Cuauhtémoc Cárdenas la llamó ‘entreguista’. Algunos investigadores creen que la propuesta presenta avances pero también dicen que es insuficiente.

La visión más optimista es la que cree que esta iniciativa es el inicio de una discusión largamente postergada. “La iniciativa es altamente positiva porque pone en la mesa el debate más importante en México, que es el debate sobre la modernización del país”, dice Luis de la Calle, presidente de la consultora CMM. “Al hablar de este tema se ponen en la mesa de discusión todos los temas de la economía nacional”.

La mayoría de los medios nacionales ha privilegiado en sus espacios la difusión del pleito entre legisladores, las tomas de las tribunas legislativas y el debate sobre el tiempo que se debería discutir antes de llevar las iniciativas al pleno y votarlas. Pero De la Calle cree que estas propuestas están dando pie a discutir asuntos de mayor profundidad como la disyuntiva entre la economía de mercado o la rectoría del Estado, la propiedad privada en este sector, el mecanismo de precios que debe prevalecer y el dilema de explotar hoy las reservas de petróleo o en el futuro.

“Esta iniciativa nos obliga a hacernos las preguntas difíciles sobre México, nos obliga a debatir y por eso es positiva”, dice el directivo de CMM. “Aunque eso no quiere decir que la reforma proponga todas esas cuestiones”, puntualiza.

Acuerdos y desacuerdos
Entre dimes y diretes, los legisladores llegaron a un acuerdo de discutir las iniciativas durante 70 días, del 13 de mayo al 22 de julio. Pero, al cierre de esta edición, dicho acuerdo estaba –igual que Pemex– sostenido con alfileres.

En abril, durante su gira a Estados Unidos, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente George W. Bush y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, el presidente Felipe Calderón respondió así a una pregunta sobre la clausura de las tribunas del Congreso de la Unión: “Yo simplemente deploro esta actitud que sólo empobrece la imagen de quien la realiza, y debilita, aún más, la presencia en los mexicanos de partidos tan importantes como el PRD, que sumado a su propia crisis interna, hoy viven un empobrecimiento de su imagen pública por comportamientos que, simple y sencillamente, los ponen en ridículo”.

La declaración aumentó la presión entre quienes negociaban los términos del debate sobre la reforma energética. Para entonces, los legisladores ya habían decidido el formato de la discusión y el calendario para tratar una veintena de temas, entre los que destacaban la constitucionalidad de las propuestas; la seguridad energética, los yacimientos transfronterizos y la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, entre otros.

Esta tensión no sorprende a De la Calle. “Quien suponga que podemos pasar una reforma energética o petrolera sin una amplia discusión y una significativa oposición y mucho diálogo, debe saber que eso no va a ocurrir. Es una reforma muy importante para que quede en manos de unos cuantos”, señala el consultor.

Otros no piensan así. “La magnitud de la reacción del PRD y de las huestes de López Obrador no tiene nada que ver con las ambiciones de esta reforma”, dice Juan Pardinas, investigador del Imco. “Es una reforma aceptable dentro del contexto político mexicano, pero no es una reforma energética definitiva”.


La mejor reforma
Una reforma al sector energético, considera Luis de la Calle, tendría tres niveles de discusión: cuál es la política energética que quiere el país; qué hacer con la renta petrolera y cómo salvar  Pemex. “Y todo el mundo está concentrado en esta tercera cosa en lugar de concentrarnos en las primeras dos”, dice.

Javier Estrada, director de Analítica Energética, consultora especializada en proyectos de energía, cree que lo primero que debe reconocer una política de hidrocarburos es que México es un país consumidor. Por lo tanto, se debe asegurar un abastecimiento suficiente para cubrir la demanda interna. Uno de los primeros objetivos, explica el consultor, es asegurar la existencia de reservas probadas suficientes para, al menos, mantener el ritmo actual de producción de aceites y de gas.

La visión del senador panista Bueno Torio es que el país debería asegurar reservas equivalentes a 25 años de consumo nacional. A partir de ese momento, dice, debería adoptarse la política de sustituir en reservas la totalidad de la producción. Hasta que se logre este objetivo se podría aumentar la plataforma de producción. Una parte de los recursos que genere este aumento se destinarían a un fondo para las futuras generaciones y la otra, a inversión en desarrollo humano, tecnología y a crear infraestructura.

Para Luis de la Calle, el primer paso de una reforma energética debería enfocarse en la creación de un mercado de energía. “Esto implica la posibilidad de comerciar productos energéticos”. ¿Qué significa eso? De la Calle lo explicó en una conferencia celebrada en Washington y organizada por el organismo Woodrow Wilson International Center for Scholars. “¿Por qué no tener libre comercio en productos energéticos? Por ‘libre comercio’ me refiero a comercio externo e interno. Que no haya barreras para importaciones y exportaciones de cualquier producto energético, crudo, gasolinas, petroquímica básica, electricidad, gas y todos sus derivados, y que tampoco haya restricciones para el intercambio de esas materias primas en el mercado interno”.

Según el consultor, la Constitución no prohíbe la apertura comercial en los bienes energéticos en México, con excepción de la energía eléctrica, que sólo pueden realizar las compañías públicas.

Pardinas, el investigador del Imco, cree que se debería diseñar una reforma alineada con las tendencias de la industria petrolera a nivel global. “Eso implicaría fortalecer la competencia”, dice.

Competencia es la palabra que muchos buscaron, sin éxito, en el diagnóstico que el gobierno presentó del sector petrolero y en las iniciativas de reforma. Es el concepto que muchos creen que si se aplicara a México podría regresar al país a los primeros lugares entre los principales productores de crudo en el mundo.

La forma en que algunos se han imaginado la competencia en este sector es muy variada. Unos la ven en una apertura total para que cualquier empresa petrolera pueda venir a México a explorar y producir crudo, previa licitación, y que el gobierno cobre la renta petrolera a través del sistema impositivo o con un porcentaje de las reservas descubiertas. Este escenario implicaría un cambio constitucional.

Otros la imaginan sin la necesidad de cambios en la Carta Magna, por ejemplo, creando una nueva empresa estatal para que compita con Pemex, o permitiendo que pueda vender la electricidad que genera en sus refinerías mientras la Comisión Federal de Electricidad puede explorar, producir y vender gas natural.

En todo caso hay diversas barreras para lograrlo. En su conferencia, De la Calle dijo: “Recuerdo que cuando vivía en Washington se publicó un libro muy interesante llamado Cómo ordeñar al gobierno de EU. En México podríamos tener una enciclopedia sobre ‘Cómo ordeñar Pemex’. Según el consultor, la ideología sí juega un papel en la reforma energética, pero no llega a ser un factor de peso en la discusión. “Los que sí juegan un papel realmente dominante en este debate son los grupos de interés. Hay mucha gente que ordeña a Pemex –incluyendo al gobierno– y no hay ningún incentivo para cambiar el statu quo”.

Pero el tiempo apremia y las necesidades aumentan. Según el senador Bueno Torio, México debe hacerse más competitivo para incrementar el ingreso per cápita de los ciudadanos. “Ése es nuestro reto y como tal debemos de superar atavismos del pasado, ineficiencias y dogmas. Debemos romper paradigmas”.

Sin embargo, este cambio no puede ser de inmediato.  “En la coyuntura política que estamos viviendo, en tanto no se demuestre que los avances que se están dando con estas reformas son para beneficiar al país, no podemos ir al siguiente paso, que es como operan prácticamente todas las economías del mundo. Todos los países le cobran a todas las empresas la renta petrolera y los impuestos por el derecho de extracción de crudos”.

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