Presidenta argentina llama al diálogo
La presidenta argentina, Cristina Fernández, sorprendió el miércoles con un llamado general al diálogo social sin dirigirse directamente al sector agrícola, que con una huelga comercial presiona al Gobierno y buscaba señales concretas para decidir sus movimientos.
En un inesperado discurso durante el acto de asunción de su marido -el ex presidente Néstor Kirchner- al frente del partido peronista, Fernández no dio señales concretas de que busque reabrir el diálogo con el sector agrícola, que el jueves debe decidir si extiende la protesta.
"Convocamos desde este espacio político a todos los argentinos, sin distinción de banderas, sin distinción de pertenencias, a debatir y a discutir en un marco democrático para profundizar la transformación, el crecimiento que siga dando trabajo a todos los argentinos", dijo Fernández.
Los productores rurales completaron el miércoles el séptimo día de una huelga que podría paralizar la venta de granos de uno de los mayores proveedores de bienes agropecuarios del planeta, y esta semana adhirieron a su causa decenas de políticos oficialistas y opositores.
El mensaje de Fernández en el acto del peronismo, así como las palabras de Kirchner que nunca llegaron, iban a ser decisivos porque darían elementos al sector agrícola para sentarse a dialogar o mantener suspendido el comercio de granos para la exportación, uno de los mayores motores de la economía local.
El nudo de la pelea es la creación de un esquema de impuestos móviles a las exportaciones de granos creado en marzo por el Gobierno, que de hecho implicó mayores tasas impositivas para las ventas externa de soja, el producto estrella del sector.
En marzo, la primera protesta contra ese esquema desabasteció de alimentos a Argentina y desencadenó una crisis política que forzó la renuncia de un ministro del gabinete de Fernández, quien asumió cinco meses atrás. El 2 de abril, el sector lanzó una tregua de 30 días que culminó sin avances.
La actual protesta mantiene paralizado el comercio en muchas zonas del interior del país que dependen de la actividad rural y demora el inicio de la siembra de trigo, aunque al no incluir cortes totales de carreteras no impide la circulación de alimentos.
Hasta el momento, Fernández se niega a revisar el polémico cambio impositivo y el Gobierno en general acusaba al agro de haber roto el diálogo.
"Lo que esperamos es que el Gobierno dé un paso adelante en la solución de este tema de las retenciones (impuestos a las exportaciones) móviles (...) y en base a eso después por supuesto levantar el paro", había dicho Luciano Miguens, jefe de la Sociedad Rural Argentina, una de las cuatro entidades enfrentadas con el Gobierno, antes del discurso de Fernández.
Buscando Concenso
Luego de la acción de tres semanas que realizaron en marzo, los productores rurales lanzaron una tregua de un mes para conversar con el Gobierno, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y el campo la semana pasada relanzó la protesta, que se extenderá al menos hasta el jueves.
Mientras diversas encuestas muestran una caída en la imagen de la presidenta desde que comenzó el conflicto, los dirigentes rurales buscaron en los últimos días el apoyo de legisladores y gobernadores provinciales tanto opositores como oficialistas.
El Gobierno asegura que el nuevo impuesto a las ventas externas le asegura a los productores un mayor ingreso al que tenían el año último con un tributo fijo, debido al alza internacional de los precios de los granos.
Los granos de soja, el cultivo más importante del país, le dejan al productor actualmente casi un 3% más que a fines de noviembre, cuando comenzó una escalada internacional de la oleaginosa.
Pero el sector rural se queja de que el nuevo esquema impositivo le fija un techo a los precios de los granos, mientras que los costos de producción de Argentina, uno de los mayores proveedores agropecuarios del mundo, muestran una tendencia al alza.
