EU condiciona Fondo Plan Mérida a México
México recibiría fondos del Plan Mérida sólo si el gobierno estadunidense estima que el mexicano inició reformas legales y judiciales, y que las unidades policiales y militares apoyadas con recursos sean ajenas a violaciones humanitarias o de corrupción.
Los condicionamientos, incluidos en la versión de la Iniciativa Mérida aprobada por el Comité de Gastos del Senado, obligan también al gobierno estadunidense a establecer y actualizar un banco de datos para el escrutinio de la policía y el ejército mexicanos.
"Ninguno de los fondos disponibles bajo esta sección deben darse hasta que la secretaria de Estado (Condoleezza Rice) determine y reporte… que existen los procedimientos de escrutinio para asegurar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o corrupción", señala el proyecto de ley.
El Comité aprobó el pasado viernes el proyecto con una asignación de 350 millones de dólares, 100 millones para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y decidió agregar 5 millones para Haití y otros 5 millones para República Dominicana.
La suma, que se redujo respecto a los 500 millones de dólares solicitados por el presidente George W. Bush para México, pero se incrementó en cuanto a los 50 millones pedidos originalmente para Centroamérica, aún debe ser aprobada por el Senado en pleno.
El portavoz de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday, señaló que el gobierno mexicano seguirá "trabajando con el gobierno de Estados Unidos para alcanzar un paquete balanceado que responda a los intereses de México".
"El gobierno de México estará en posición de hacer más comentarios una vez que el proceso de Conferencia concluya en el Congreso de los Estados Unidos", dijo.
En el caso de la ayuda a México, 25% de los fondos asignados por el Comité de Gastos del Senado están condicionados a que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, entregue al Congreso un reporte donde avale el inicio de una serie de reformas legales y judiciales en México.
Estados Unidos considera que México debe reforzar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos humanos, y establecer comisiones de quejas policiales para recibir alegatos y conducir investigaciones.
Además, estima la necesidad de crear un mecanismo independiente con participación de la sociedad civil para monitorear los programas para combatir el tráfico de drogas, según el proyecto de ley.
Asimismo, la secretaria de Estado debe avalar que México está haciendo cumplir las prohibiciones contra el uso judicial de testimonio obtenido a través de tortura, y asegurarse que el ejército mexicano esté transfiriendo todos los casos que impliquen acusaciones de violaciones humanitarias a fiscales del fuero civil.
Finalmente, el Comité pide asegurarse que las fuerzas policiales federales y estatales cooperen con autoridades en casos donde alguno de sus miembros haya sido acusado de violaciones a los derechos humanos y que se investigue a militares acusados de actos similares.
El proyecto de ley asigna de hecho 3 millones de dólares para que el gobierno mexicano establezca un "registro nacional unificado" de policías federales, estatales y municipales, cuya realización ya fue anunciada por el gobierno mexicano.
Otros 5 millones de dólares serán asignados a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos para enviar agentes especiales a México a apoyar al gobierno mexicano a rastrear armas usadas por traficantes de drogas.
Además, la secretaria de Estado debe entregar un reporte sobre el desglose de los 350 millones de dólares, a más tardar 45 días después de la promulgación de la Iniciativa Mérida, y a los 90 días debe entregar otro reporte sobre el estado de los derechos humanos en México.
Para Centroamérica, el proyecto instruye a la secretaria de Estado a reportar sobre los esfuerzos del gobierno de Guatemala para llevar a cabo reformas judiciales y legales.
El proyecto de ley del Comité de Gastos del Senado requiere no sólo aprobación por el pleno, sino conciliarse con la versión de la Cámara de Representantes, que es distinta pues allí se aprobaron 400 millones de dólares para México.
De ser aprobada con su actual redacción en el Senado, se deberá instalar una "conferencia de conciliación" entre ambas cámaras para unificar versiones y someterse a un nuevo voto. La Casa Blanca tiene la prerrogativa de promulgarlo o vetarlo.
