Plan Mérida no es imposición: Negroponte

El subsecretario de EU dijo que la iniciativa contra el crimen se basará en la colaboración; la cancillería mexicana había expresado su rechazo a un acuerdo que pusiera obligaciones a Méxi
El funcionario realiza una gira por países centroamericanos.  (Foto: )
GUATEMALA (AP) -

El subsecretario de Estado de Estados Unidos John Negroponte dijo que la Iniciativa Mérida para el combate al narcotráfico no será una imposición a los países centroamericanos y México.

''Este un plan desarrollado con los países afectados, con México y Centroamérica, queremos que sea con base en la colaboración, no es algo que buscamos imponer'', dijo el viernes Negroponte en una conferencia de prensa tras reunirse con el vicepresidente Rafael Espada.

El jueves se reunió con el mandatario Álvaro Colom, como parte de una gira que incluyó Honduras y El Salvador.

Negroponte aseguró que en las reuniones que tuvo el presidente Tony Saca de El Salvador, Manuel Zelaya de Honduras y Colom encontró buena recepción al plan, para el cual el gobierno de su país ha solicitado al congreso un presupuesto de 500 millones de dólares en ayuda, la mayor parte para México.

''Hay voluntad de ambos lados de combatir al narcotráfico y derrotar a los narcocriminales'', añadió.

Thomas Shannon, subsecretario de estado adjunto, aseguró que ''Centroamérica está en una posición vulnerable entre México y Colombia y el propósito del plan es enfrentar el flagelo (del narcotráfico)''.

Estimados de la embajada estadounidense en Guatemala indican que el 70% o más de la cocaína que llega al mercado estadounidense pasa por Centroamérica en algún momento de su viaje desde Sudamérica a Estados Unidos.

Por aparte, durante su viaje, Negroponte anunció que el gobierno de Estados Unidos decidió reanudar el entrenamiento militar a la fuerza aérea, marina y cuerpo de ingenieros del ejército guatemalteco.

La decisión llega después de que Estados Unidos certificara que las fuerzas armadas guatemaltecas han cooperado en las investigaciones de militares acusados de violaciones a los derechos humanos y dieran acceso a sus archivos.

Esa ''certificación'' era requisito para activar una partida de medio millón de dólares que Estados Unidos dedicará a esos fines, según la llamada ley de operaciones exteriores de 2008.

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