Cristina condiciona diálogo a opositores
La presidenta argentina, Cristina Fernández, dijo que enviará al Congreso un proyecto de ley para ratificar un esquema de impuestos móviles a las exportaciones de granos aplicado en marzo, que disparó un extenso conflicto con el sector agropecuario.
También aseguró que está dispuesta a dialogar con los productores en protesta, siempre que levanten la huelga comercial y bloqueos de carreteras que mantienen, con intervalos, desde hace casi 100 días.
La presidenta Cristina Fernández, cuya popularidad se derrumbó desde que comenzó el conflicto en marzo, también confirmó que el miércoles se hará un acto para mostrar apoyo popular en la disputa con el agro, desoyendo pedidos de partidarios y opositores para desactivar la manifestación.
"Voy a enviar (un proyecto) para que en el Parlamento también sea tratada la medida" impositiva, dijo la mandataria en un acto en la Casa Rosada.
El Gobierno no está legalmente obligado a pasar por el Congreso medidas de aumentos de impuestos aduaneros, pero Fernández dijo que lo haría porque a los productores "no les basta con esta presidenta que hace seis meses obtuvo el 46 % de los votos".
Aunque el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, la decisión fue aplaudida por los productores, que anunciaron que el miércoles definirán si extienden la protesta, que finaliza a la medianoche, la cuarta desde que comenzó el conflicto.
"A partir de las tres de la tarde (del miércoles), la comisión de enlace deberá ver los pasos a seguir", dijo Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina, una de las cuatro entidades que lideran la protesta agrícola.
"Aspiramos a que la resolución (ley) pueda ser debatida", agregó Buzzi, quien advirtió que "nadie esta dispuesto a irse a su casa a cambio de nada", en referencia a los miles de productores apostados en las carreteras a la espera de cambios en la política agropecuaria.
Las entidades afirmaron que aspiran a que el Gobierno suspenda el cambio impositivo dispuesto en marzo mientras se discute el proyecto de ley en el Congreso.
Senadores de la oposición también dieron la bienvenida al anuncio, pero aseguraron que buscarán que otros proyectos sobre impuestos a las exportaciones de granos sean debatidos.
El anuncio llega un día después de que miles de argentinos salieran a las calles de Buenos Aires, y de muchas ciudades del interior, a hacer sonar cacerolas para exigir a la presidenta que negocie con el sector rural.
El Gobierno asegura que el alza en los impuestos es esencial para mantener a raya los precios de los alimentos, en un país con alta inflación, y para aportar fondos a un nuevo plan de obras públicas.
El ex presidente Néstor Kirchner, con gran influencia en la gestión de su esposa presidenta, dio una conferencia de prensa en la que repitió el discurso oficial y defendió la decisión de organizar un acto público el miércoles.
"Nosotros tenemos todo el derecho del mundo a expresarnos democráticamente (...). Nosotros no hacemos este acto contra nadie, sino en defensa de la democracia", dijo Kirchner.
El Gobierno confía en que las clases urbanas populares que votaron en masa por Fernández son más representativas que los ciudadanos de clase media, que protestaron con sus cacerolas en rechazo al estilo de confrontación de la mandataria.
Pero según sondeos recientes, la popularidad de Fernández se desploma y cae por debajo del 20% y el ruido de cacerolas trajo a la memoria de muchos la caída en el 2001 del ex presidente Fernando de la Rúa, en medio de una revuelta.
Gobernadores dudan
Un grupo de gobernadores sigue fiel a la presidenta, pero la crisis está generando un cimbronazo en el partido peronista, ya que muchos dirigentes gobiernan ciudades que dependen de la producción agrícola y han quedado entre la espada y la pared.
También tambalea la coalición de Fernández con un sector del partido minoritario Unión Cívica Radical con el que formó una alianza para llegar a la presidencia. El vicepresidente Julio Cobos es parte de esa fuerza.
En ese contexto, a lo largo del día algunos gobernadores y dirigentes del gobernante peronismo pidieron infructuosamente que se desactive el acto del miércoles.
"No es hora para actos masivos. Nosotros creemos que no tienen sentido", dijo a la mañana a una radio Jorge Busti, titular del partido peronista de la provincia de Entre Ríos.
Sin embargo Kirchner, que es además el presidente del partido peronista nacional, dijo que ningún dirigente de esa fuerza lo llamó para pedirle que frene la manifestación.
Impuestos e inflación
La puja con el sector rural mantiene paralizadas la actividad agrícola de uno de los mayores proveedores globales de alimentos y ha presionado al alza los precios de los granos en los mercados internacionales.
Además, decenas de bloqueos de carreteras en todo el país traban el abastecimiento de alimentos y combustibles, como ya ocurrió en las anteriores huelgas, presionando sobre los precios en un país que sufre de una creciente inflación.
La inflación en los últimos 12 meses a mayo fue del 9,1 por ciento, según datos oficiales, pero analistas privados y la oposición creen que el Gobierno manipula la información y que la subida de precios real duplica esa cifra.
En el interior del país, la economía ha quedado virtualmente congelada debido al conflicto. Algunos estudios apuntan a una desaceleración del consumo en Buenos Aires y en el cordón urbano que la rodea, bases de la pujante economía.
La reacción de los mercados locales, que cerraron antes del discurso de Fernández, fue negativa. Las acciones líderes cayeron 1.47%, los bonos retrocedieron 2,2 por ciento en promedio y el peso cerró en alza sólo por la intervención del Banco Central.
