Argentina, dividida con manifestaciones
Miles de argentinos llegaban este miércoles a la Plaza de Mayo a un acto montado para apoyar al gobierno de Cristina Kirchner en una disputa con el sector rural que paraliza el país, mientras que la participación del Congreso en el conflicto parecía aliviar la situación.
Los productores agropecuarios resisten un alza de impuestos a las exportaciones de granos aplicada en marzo con huelgas y bloqueos de carreteras, pero el gobierno se ha negado a revisar la política porque asegura que es clave para distribuir la renta extraordinaria del sector hacia las clases populares.
Con banderas argentinas y carteles de apoyo a la presidenta, Cristina Fernández, los manifestantes se acercaban a la plaza frente a la Casa Rosada, paralizando la actividad en el centro de Buenos Aires, siguiendo el llamado oficial a "defender la democracia".
"Me parece una barbaridad que sectores siempre beneficiados estén intentando derrocar un gobierno constitucional. Si después de cuatro años demuestra que no ha sido eficiente tendremos otra oportunidad para votar a otra persona", dijo Patricia Echeverría, una secretaria de 55 años, en la plaza.
A su alrededor, muchos manifestantes portaban banderas con la leyenda: "ïFuerza Cristina! Ni un paso atrás", mientras que otros vendían retratos de Juan y Eva Perón.
El acto, lanzado por el partido peronista que es liderado por el ex presidente Néstor Kirchner, se desarrolla un día después de que el conflicto insinuara encarrilarse con la decisión de la presidenta de enviar al Congreso un proyecto con la intención de que se ratifique la medida impositiva.
Ese anuncio fue leído en principio como una salida institucional a la crisis, que ya lleva casi 100 días y complica el abastecimiento de alimentos, aunque ya aparecieron críticos que advierten que la jugada oficial no implicará un debate amplio de la política oficial.
El acto también llega como una respuesta a las protestas de miles de ciudadanos de clase media que el lunes por la noche salieron a las calles de Buenos Aires y ciudades del interior para mostrar su descontento con la gestión de Fernández.
"Escuchamos a nuestras agrupaciones que dicen: '¿por qué nos tenemos que quedar callados (...) cuando otros salen con las cacerolas?", dijo al canal de noticias TN el ministro de Justicia, Aníbal Fernández.
La popularidad de Fernández se derrumbó en los últimos meses a niveles del 20 al 25 por ciento, según sondeos, al tiempo que la extensa crisis genera grietas en el peronismo, entre quienes apoyan al Gobierno y quienes creen que la política oficial puede dañar la clave producción agrícola.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una huelga general desde el mediodía para permitir a los trabajadores acudir a la manifestación, en la que dará un discurso la presidenta, y muchos gremios han emitido comunicados de apoyo y para mostrar que estarán en la plaza.
Los mercados locales reflejaban tibiamente las esperanzas de que la intervención del Congreso logre cerrar la crisis, al tiempo que en el mercado de Chicago los precios de la soja caían ante la expectativa que se solucione la disputa y los productores levanten la huelga.
Los analistas miran ahora con atención lo que ocurrirá desde la semana próxima en el Congreso, donde el sector del peronismo que lidera Fernández y Kirchner son mayoría.
Los productores rurales, que este miércoles decidirán si prolongan la actual huelga comercial que incluye no vender granos y bloquear parcial o totalmente las carreteras, buscarán convencer a legisladores oficialistas de provincias agrícolas para que rechacen el proyecto oficial.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, recibió a la cúpula del bloque de diputados y de senadores del oficialismo en la casa de gobierno para delinear la estrategia legislativa.
La administración de Kirchner ya recibe críticas por no impulsar un debate abierto del problema sino buscar que las dos cámaras solo aprueben o desaprueben el proyecto oficial tal como fue redactado.
Alfredo de Angeli, uno de los líderes de la protesta rural en el interior del país, dijo que si la intención es aprobar el proyecto "a libro cerrado", seguirá vivo el reclamo.
Pero el gobierno se defiende diciendo que ni siquiera tenían obligación de involucrar al Congreso -el Poder Ejecutivo tiene facultades para modificar tasas aduaneras- y que lo hicieron sólo para mostrar que los representantes del pueblo también defienden su visión.
"Esta facultad ni siquiera la tenía el Congreso. El Parlamento no tenía nada que ver con el tema. (Fue) la presidenta la que decidió, en virtud del cariz que tomaron los hechos, girar la iniciativa para que el Legislativo pueda debatirla y hasta rechazarla", dijo Alberto Fernández.
