México pide detener ejecuciones en EU
El gobierno de México presentó un pedido de emergencia el jueves ante la máxima instancia judicial de las Naciones Unidas, para detener la ejecución de sus ciudadanos condenados a muerte en Estados Unidos.
Los abogados del gobierno estadounidense advirtieron, empero, que la interferencia de la corte podría complicar las gestiones de Washington para salvar la vida de los extranjeros condenados a muerte en los tribunales estatales.
El representante de México ante la ONU, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo que Estados Unidos ''incumple sus compromisos internacionales'' al no hacer caso de un fallo del Tribunal Internacional de Justicia del organismo mundial en el 2004, que falló que a los condenados les fue negado el acceso a sus representantes consulares conforme a un acuerdo internacional.
Gómez Robledo indicó que si no se toman medidas urgentes, urgente, cinco mexicanos ''serán ejecutados antes de que terminen estos procedimientos''.
El asesor legal estadounidense John B. Bellinger, dijo que el gobierno federal realizó ''esfuerzos extraordinarios'' para acatar y poner en práctica el fallo del tribunal mediante su intercesión ante los tribunales estatales.
La instancia, conocida informalmente como la Corte Internacional, falló que los mexicanos tenían derecho a la revisión de sus casos y sentencias para determinar si las violaciones de las Convenciones de Viena de 1963 afectaron sus procesos.
Las sentencias de la corte, el brazo judicial de la ONU para resolver disputas entre naciones, son vinculantes e inapelables, pero no tiene poderes coercitivos.
El presidente estadounidense George W. Bush acató el fallo y pidió a las cortes estatales que revaluaran los casos, pero Texas se negó.
Esas gestiones federales fueron ''altamente inusuales'', agregó Bellinger. ''Es muy raro que el gobierno federal intervenga en los procedimientos de los tribunales estatales'', insistió el letrado del gobierno estadounidense.
El caso fue remitido a la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual falló en marzo, por seis votos a favor y tres en contra, que Bush carecía de autoridad para obligar a las cortes estatales a acatar el fallo de La Haya. Las convenciones de Viena no tienen carácter vinculante para las cortes estatales estadounidenses, a menos que el Congreso promulgue una ley federal, según falló la Corte Suprema.
México acudió nuevamente hace dos semanas al tribunal de La Haya. El martes, la secretaria de Estado Condoleezza Rice y el secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael Mukasey, escribieron conjuntamente al gobernador de Texas Rick Perry pidiéndole que reconsiderara el caso de Medellín, dijo Bellinger.
Empero, Rice y Mukasey sólo pudieron ''solicitar respetuosamente'' la ayuda de Texas para que sean acatadas las obligaciones legales internacionales de Estados Unidos, insistió el letrado.
''La persuasión podría lograr lo que la compulsión no pudo'', según Bellinger. ''Cualquier decisión de este tribunal encarará las mismas limitaciones de la ley interna estadounidense. Un nuevo fallo nada agregaría al fallo original''.
Los argumentos continuarán el viernes y no quedó en claro cuándo emitirán los jueces un fallo.
México sostiene que el derecho internacional se aplica tanto a Estados Unidos como a sus estados individualmente.
''Estados Unidos no puede invocar el derecho municipal para justificar el incumplimiento de sus obligaciones legales internacionales'', dijo en su presentación a la corte hace dos semanas,
México pidió al Tribunal Internacional que emitiera una ''interpretación'' de su fallo anterior, para aclarar lo que quería decir cuando pidió a Estados Unidos que ''revisara y revaluara'' los casos de los reos condenados, y que mientras tanto dejara en suspenso las ejecuciones.
Los representantes estadounidenses respondían en las próximas horas ante los 13 miembros del tribunal.
Sandra Babcock, en representación de México, dijo que el fallo de la Corte Mundial de hace cuatro años se refirió a los 51 mexicanos que se encontraban en aquel entonces en los pabellones de la muerte de Estados Unidos. Desde entonces, 33 de ellos apelaron ante tribunales estatales.
En un solo caso se hizo lugar a la apelación, según Babcock. Otro recluso aceptó una conmutación de pena a cadena perpetua a cambio de renunciar a su apelación.
''Todas las otras gestiones para hacer cumplir el fallo (internacional) fracasaron'', dijo la letrada.
México dijo que cinco de sus ciudadanos enfrentan ejecución inminente. El primero, el 5 de agosto, es José Medellín, de 33 años, convicto de violación en cadena y homicidio de dos muchachas adolescentes hace 15 años.
Las autoridades texanas dijeron que el caso de Medellín fue revisado por los tribunales estatales y federales e insiste que recibió los mismos derechos y garantías judiciales y procesales que cualquier otro ciudadano estadounidense.
Empero, México sostiene en su apelación ante la Corte Mundial que la obligación de Estados Unidos de respetar el derecho internacional vincula igualmente a los estados de una federación. ''Estados Unidos no puede invocar la ley municipal como justificación para no observar sus obligaciones legales internacionales'', insistió el equipo legal mexicano.
Babcock dijo que un juez de Texas desestimó sumariamente el pedido de Medellín de suspender la ejecución tras el fallo de la Corte Suprema de que el Congreso debía discutir una ley.
''Yo no vine a escuchar testimonios. Yo vine a fijar una fecha para la ejecución'', dijo el juez, según Babcock, al negarse a escuchar a testigos idóneos y fijar la fecha más próxima que permitía la ley.
Si el gobierno no interviene, el único recurso de los condenados es una resolución presidencial de clemencia. Pero desde 1982 se han ejecutado 407 penas de muerte, contra apenas dos conmutaciones por clemencia.
El caso mexicano fue el tercero en el que la pena de muerte de Estados Unidos es ventilada ante la Corte Mundial.
En 1999, el ciudadano alemán Walter LaGrand, convicto de haber matado a un gerente de banco durante un atraco a mano armada frustrado, fue ejecutado en Arizona horas después que el tribunal de La Haya pidiera al gobierno federal estadounidense que detuviera la ejecución de LaGrand por ser su obligación legal, y por considerar que Estados Unidos había violado el derecho internacional al ignorarla.
En el primer caso, en 1998, Estados Unidos se negó a detener la ejecución de un paraguayo en Virginia.