Pandilla latina detenida en Los Angeles

Los miembrso de la Drew Street controlaban incluso el estilo de vida de una zona de la ciudad; extorsionaban a los negocios angelinos para recaudar fondos para la Mafia Mexicana.

Autoridades federales, estatales y locales desbarataron el miércoles una célula de pandilleros al procesar por cargos federales a 70 de sus integrantes, incluyendo cuatro inmigrantes, en un operativo para limpiar un barrio infestado de crímenes, intimidación de testigos, extorsión y ataques a policías.

Los integrantes hispanos de la célula Drew Street fueron acusados de narcotráfico y lavado de dinero en una querella de 157 páginas presentada por un jurado investigador federal el 12 de junio, pero hecho público el miércoles.

Por la mañana, más de 500 agentes de agencias del orden arrestaron a 28 de los acusados en un barrio del noreste de la ciudad, anunciaron las autoridades. Otros 26 acusados ya estaban encarcelados y 16 están prófugos, agregaron. Asimismo se arrestó a cuatro simpatizantes por cargos migratorios.

Estos inmigrantes, al igual que otros cuatro arrestados en el curso de la investigación, eran usados como vigilantes, vendedores de narcóticos y se les daban tareas menores, dijo Robert Schoch, agente especial de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La mayoría de ellos son de México, agregó.

De los acusados, 51 enfrentan cargos bajo la La Ley contra Organizaciones Corruptas Influidas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), que sostiene que la pandilla es una organización delictiva creada para distribuir cocaína crack, cocaína y mentanfetaminas.

Esta ley federal también alega que el grupo delictivo realizó una serie de actividades ilegales -como asesinatos, intimidación de testigos, y ataques a policías- para mantener su dominio del vecindario latino.

Durante el operativo mediante el cual se desbarató a un tercio de la célula de entre 150 y 200 integrantes activos, las autoridades confiscaron 35 armas, incluyendo siete pistolas, apuntó la Agencia Federal de Control de Armas de Fuego, Explosivos, Tabaco y Alcohol (ATF, por sus siglas en inglés).

Controlaban todo

La Drew Street, célula de la pandilla Avenues, controlaba el tráfico de drogas del área y, de modo significativo, todo el estilo de vida aledaño a la intersección de la avenida Estara y la calle Drew, indican las autoridades.

De acuerdo con la demanda, los cabecillas cobraban ''impuestos'' a los vendedores de narcóticos en el barrio, y luego enviaban parte de este cobro a la pandilla Mafia Mexicana. Los pandilleros de la Drew también realizaban robos domiciliarios y extorsionaban a negocios con el fin de recaudar fondos para la Mafia Mexicana, según las autoridades.

En un caso mencionado en la querella, el cabecilla Francisco Real, de 26 años, y otros dos pandilleros fueron a una tienda y exigieron 30,000 dólares al dueño, tras amenazarlo de muerte y de quemar su negocio.

''No puede ser que nosotros, no sólo las agencias del orden, permitamos que una organización criminal, crimen organizado, opere de una manera tan descarada en una comunidad como ésta'', dijo el fiscal municipal de Los Angeles, Rocky Delgadillo.

Por ello, la procuraduría municipal también ha demandado a dueños de nueve inmuebles donde vivían algunos de los acusados, pidiendo que los dueños revisen cuidadosamente el historial de arrendatarios potenciales y desalojen a personas involucradas en narcotráfico, y se coloquen guardias de seguridad y cámaras para la zona. También pide que la corte ordene a los arrendadores que vivan en sus viviendas, participen en reuniones comunitarias y den mantenimiento a sus hogares de forma regular.

''La gente que vive en estas comunidades son prisioneros en sus propias casas. Llevan en carro a sus hijos a la escuela que queda a dos cuadras porque están asustados de las pandillas'', agregó Delgadillo, quien estudió en el área. ''Lo que hizo hoy este equipo fue regresarles un poco de libertad''.

Schoch agregó que hasta el 15% de estos pandilleros son nacidos en el extranjero.

El operativo es resultado de una investigación de 10 meses en la que participaron la procuraduría federal, la agencia antinarcóticos, el FBI, la ATF, la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración, el Servicio de Recaudación de Impuestos, la procuraduría municipal de Los Angeles, la policía federal, los departamentos policiales de Los Angeles, Ontario, Riverside, Long Beach, y Glendale, así como el alguacil del condado de San Bernardino y Riverside.

Los cargos que enfrentan algunos de los acusados podrían conllevar sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo fianza.

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