Colombia ofrece protección a Betancourt
El gobierno de Colombia ofreció hoy la seguridad necesaria a la liberada ex candidata presidencial Ingrid Betancourt para que asista a la marcha contra el secuestro en este país sudamericano el próximo 20 de julio.
El director de la Policía de Bogotá, general Rodolfo Palomino, dijo este lunes a periodistas que sus hombres están en la capacidad de garantizar la integridad física de la líder política durante la movilización.
"Si tenemos que colocarle una cápsula de protección lo hacemos, pero que no sea por falta de seguridad que ella decida no asistir" a la marcha que fue convocada para exigir la libertad de los cautivos en poder de las FARC, indicó el oficial.
Betancourt informó el domingo que se abstendrá de acudir a la movilización del 20 de julio por temor a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tomen represalias contra ella por su rescate la semana pasada.
La ex senadora fue liberada por el Ejército colombiano el miércoles pasado, junto con tres contratistas estadounidenses y 11 militares, tras simular una misión humanitaria para cambiarlos del lugar de cautiverio.
La ex candidata declaró desde París a medios de prensa locales que su familia le ha pedido que no vaya a la marcha, porque "teme que las FARC tomen represalias porque quedaron muy heridos con ese golpe (su liberación)".
Agregó que está pensando "organizar algo que nos permita estar allá, sin estar allá, como hablar con el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, acerca de la posibilidad de instalar una pantalla (gigante de televisión) en la Plaza de Bolívar", hasta donde llegará la gente.
Palomino dijo que el argumento de la seguridad esgrimida por Betancourt no es razón para que la ex candidata presidencial se abstenga de participar en la marcha o de radicarse en Bogotá, donde vive su madre.
Los medios de comunicación han convocado para el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, a una movilización nacional para exigir la libertad de las personas que continúan en poder de las FARC, la mayor y más antigua guerrilla de Latinoamérica.
El grupo insurgente retiene a unas 750 personas, incluidos 25 militares y políticos, en busca de presionar su canjea por unos 500 rebeldes presos acusados de terrorismo, secuestro y rebelión.
