Texas, no a La Haya sobre reos mexicanos
Texas rechazó hoy acatar una petición de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, que solicitó suspender las ejecuciones de cinco reos mexicanos sentenciados a muerte en el estado hasta que sus casos sean revisados de nuevo.
"La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción en Texas", dijo Robert Black, vocero del gobernador de Texas, Rick Perry, en una declaración este miércoles.
"Sus decisiones y fallos (de la CIJ) no son obligatorios en el sistema judicial de Texas", por lo cual, "todas las ejecuciones seguirán como han sido programadas", precisó Black.
La CIJ, el principal órgano judicial de Naciones Unidas para dirimir controversias entre naciones, pidió este miércoles a Estados Unidos que "tome todas las medidas necesarias" para suspender de forma provisional la ejecución de los cinco mexicanos.
El tribunal internacional pidió este miércoles a Estados Unidos preservar la vida de José Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García y Roberto Moreno Ramos.
La petición de la CIJ busca frenar las ejecuciones, en especial la de Medellín, programada para el próximo 5 de agosto, a fin de tener tiempo de revisar una solicitud interpuesta por México, para que la corte interprete los alcances de su dictamen de marzo de 2004.
La CIJ ordenó en esa resolución a Estados Unidos revisar las sentencias de pena de muerte de 51 reos mexicanos, tras determinar que se violaron sus derechos a la asistencia consular como extranjeros.
La corte dictaminó que Washington violó el artículo 36 de la Convención de Viena de 1963, al no ofrecer a los mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho a asistencia diplomática "sin retraso" tras su detención.
La decisión de la CIJ obligó al presidente estadounidense George W. Bush a solicitar a los gobiernos de las entidades que celebraran audiencias para revisar cada uno de los casos cubiertos por el fallo.
Texas y otros estados se opusieron a dicha revisión, al argumentar que la petición de Bush excedía los límites constitucionales de la autoridad federal.
El pasado 25 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos liberó a Texas de la obligación de revisar los casos de los mexicanos condenados a muerte.
El gobernador de Texas Rick Perry, quien este miércoles realiza una visita a California, ha dicho en entrevistas anteriores que la CIJ carece de autoridad para prohibir a este estado ejercitar la ley aprobada por sus legisladores.
"Como gobernador, la única voluntad que estoy obligado a acatar es la de los ciudadanos de Texas", ha dicho Perry en las distintas ocasiones en las que ha abordado el tema.
El gobernador ha sostenido que en los casos de pena de muerte sólo se acatarán las leyes estatales y las decisiones de las cortes estadounidenses, y ha advertido que los ciudadanos mexicanos no deben esperar "un trato especial" en esta entidad.
"Ellos deben saber que nosotros no vamos a tratarlos diferente, bajo ninguna circunstancia, que a uno de nuestros propios ciudadanos o alguien de Oklahoma o de Canadá", ha señalado.
Texas es el estado de esta nación con mayor número de ejecuciones, con 406 reos a los que se ha aplicado la pena capital desde su restauración en 1982.
El frecuente uso de la pena capital le ha valido a Texas continuas críticas de organismos de derechos humanos y lo ha confrontado con varios gobiernos extranjeros, entre ellos México, Alemania y Paraguay.
