Chávez afianza control sobre Venezuela

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aumentó su control sobre la economía del país petrolero con un nuevo paquete de decretos que fortalecen el poder del Estado para nacionalizar empresas privadas e intervenir el mercado, meses antes de unos apretados comicios regionales.

Las medidas, aprobadas por Chávez el último día que gozaba de poderes especiales para legislar por decreto, son parte de su agresiva agenda política iniciada en el 2007 para implantar el socialismo y algunas son similares a unas propuestas que fueron rechazadas en un referendo constitucional en diciembre.

Las leyes dan al mandatario nuevos mecanismos para luchar contra la tasa de inflación más alta de Sudamérica, en momentos en que sus seguidores se quejan cada vez más del fuerte aumento de los precios, que se aceleraron un 22.5% en el 2007.

Líderes de oposición acusaron a Chávez de intentar "colar" parte de su fallida reforma constitucional y cargaron contra él por no discutir públicamente el paquete legislativo con la sociedad y los sectores afectados.

"El gobierno, porque le dio la gana, sacó estas 26 leyes y las metió de contrabando y en la noche, aspectos a los que ya el pueblo venezolano, de manera clara, dijo que no", aseguró el dirigente opositor Julio Borges.

La nueva legislación permite a Chávez nombrar autoridades políticas regionales y proveerles de fondos públicos, lo que le permitiría retener el control en estados clave, incluso si sus candidatos son derrotados en las próximas elecciones a gobernadores y alcaldes previstas para noviembre.

Los decretos encajan con la visión centralizada de la economía que tiene Chávez, al otorgar al gobierno amplios poderes para intervenir en cualquier fase de la cadena de producción, e incluso puede conformar comités para decidir cuánta comida debe ser consumida en ciertas regiones.

"Básicamente, el Estado está definiendo qué es lo que es lo que debe comer el consumidor venezolano, cuánto comer, dónde adquirir su marca de preferencia", dijo Pablo Baraybar, presidente de la cámara de la industria alimentaria.

El autoproclamado líder revolucionario lanzó el año pasado un ambicioso plan para nacionalizar sectores clave de la economía, como las telecomunicaciones y el sector energético, que acabó con la salida del país de los gigantes petroleros Exxon Mobil y ConocoPhillips.

Tras su derrota en el referendo de diciembre, Chávez comenzó el año a un ritmo más pausado, pero poco después anunció nuevas estatizaciones en el sector siderúrgico y cementero, para seguir el mes pasado con el anuncio de que comprará la unidad en el país del grupo español Santander.

Chávez mantiene un amplio apoyo popular gracias a sus multimillonarios planes sociales financiados con la vasta renta petrolera, pero la galopante inflación ha comenzado a comerse los beneficios que reciben los estratos más pobres.

Sondeos preliminares muestran que el oficialismo podría perder algunos estados y ciudades clave en las elecciones de noviembre, quebrando la abrumadora mayoría que mantiene en la administración local.

Analistas creen que el apoyo de sus seguidores está empezando a resentirse por la mala gestión de la "revolución" en aspectos como en servicios públicos, inseguridad y vivienda, aunque suelen culpar al entorno presidencial y todavía respaldan fuertemente a Chávez.

En junio, el mandatario instó a líderes empresariales a crear alianzas con el Gobierno para impulsar el crecimiento económico, ofreciéndoles incentivos como préstamos blandos y condonación de deudas, una aproximación conciliatoria que contrasta con el agresivo paquete de decretos-ley.

Una de las leyes permite al gobierno forzar la compra de activos de producción de alimentos e implantar medidas especiales para evitar el acaparamiento o "alzas indebidas de precios", luego de que el país viviera en 2007 meses de desabastecimiento de rubros básicos que dañaron seriamente la imagen del Gobierno.

Otra norma habilita al Ejecutivo para expandir los controles de precios existentes a rubros que el presidente considere esenciales y le facilita el trámite para nacionalizar los negocios que produzcan estos insumos.

El gobierno también tiene el poder para anular contratos entre partes privadas que determine como abusivas.

"Estas leyes son un ataque frontal a la economía descentralizada, promocionan la intervención y planificación centralizada del estado", dijo José Vicente Haro, abogado constitucionalista de la Universidad Católica Andrés Bello.