Magistrados fijan postura sobre aborto
Las primeras dos posiciones expresadas en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante el inicio del debate sobre la despenalización del aborto, consideran que "la disposición vigente es constitucional".
Durante el tiempo destinado en la sesión vespertina al debate de fondo, los ministros Genaro Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo coincidieron en que "no existe una regla que obligue al legislador a penalizar la conducta de un particular".
Góngora sostuvo que la Constitución no define el momento en que el fruto de una concepción deja de ser producto y se convierte en niño, mientras que Gudiño establece que "no hay derechos absolutos" ni consagrados en la Constitución ni en otras leyes.
Según la norma procesal, la SCJN requiere de ocho de los 11 votos de los ministros para declarar la inconstitucionalidad de alguna ley, sin embargo, por el momento apenas son dos los ministros que han fijado su postura en el proceso de debate que inició hoy.
La ponencia del ministro Sergio Aguirre Anguiano recibió el primer embate en la sesión matutina, donde 10 de los 11 ministros votaron contra el proyecto de su dictamen al señalar que la ALDF sí tiene facultades para legislar en materia penal y de salud.
El dictamen requiere del apoyo de ocho ministros para avanzar, sin embargo, eso se irá viendo de acuerdo con el avance de las posiciones que se manifiesten por cada uno de los ministros, quienes deberán continuar con sus exposiciones este miércoles.
Al exponer su posición sobre el tema, el ministro Gudiño Pelayo sostuvo que difiere del proyecto de dictamen del ministro instructor, porque "el valor de la vida, definido por la Constitución mexicana, no es de carácter absoluto".
Sostuvo que el orden constitucional debe guardar un equilibrio entre la libertad y el poder, y al mismo tiempo debe guardar un equilibrio entre diferentes valores que no son compatibles.
El ministro Gudiño Pelayo puso como ejemplo el caso de la libertad de un sujeto sometido a juicio por la comisión de un delito, quien debe mantenerse en prisión preventiva aún antes de ser sentenciado.
Los ministros avanzan en el apartado número cinco del proyecto de dictamen y debaten sobre temas de fondo cuyo primer asunto es el Derecho a la Vida, en él ya se pueden mencionar las posiciones generales de los ministros, así como los argumentos firmes y claros.
Gudiño señaló que de derogarse las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que despenalizan el aborto antes de las 12 semanas de gestación, se podría entrar en conflicto con la mujer, pues "se le estaría imponiendo una maternidad que no desea".
Al manifestar su posición encontrada con el proyecto elaborado por Aguirre Anguiano, el ministro Gudiño dijo que el dictamen habla y hace argumentaciones basadas en el Artículo Primero de la Constitución.
El texto de la Carta Magna, dijo, señala que todo individuo estará protegido por las garantías contenidas en la Constitución, sin embargo, aclaró que "la Constitución habla de garantías pero no dice qué es lo garantizado".
Genaro Góngora Pimentel, quien fue el primero de los ministros que planteó su posición, dijo que prohibir el aborto en esas condiciones "discrimina en razón de la condición social" de la mujer.
Sin embargo, abundó al expresar que "los problemas de salud generados por los abortos inseguros y clandestinos tienen mayor impacto en las mujeres pobres".
Consideró que "en el momento en que el Estado mexicano impone por la vía penal la culminación de un embarazo, restringe una serie de derechos fundamentales de las mujeres, debido a que las coloca en considerable desventaja al impedirles ejercer su autonomía y plena ciudadanía".
La Constitución, aseguró, prohíbe la discriminación por todos los motivos posibles, que atente contra la vida humana y por ello la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo discrimina en razón de género.
Por eso a partir de la figura de la maternidad y de los hijos se justifica que es su deber y obligación culminar el embarazo en cualquier circunstancia, bajo la amenaza de una pena criminal.
Esta situación genera la posibilidad de que si toma la decisión de no ser madre se le atribuya la categoría de delincuente, puntualizó.
La prohibición de abortar antes de las 12 semanas, discrimina en razón de la edad, porque no se respeta el momento biológico y físico en el cual una mujer se siente lista para disfrutar del ejercicio de la maternidad.
Por eso es que bajo la amenaza penal se le obliga a culminar el embarazo sin importar en qué etapa de su vida se encuentra. En este punto, "conviene mencionar que las niñas tienen derecho de no ser madres", concluyó.
