Corte colombiana revoca arresto de Uribe

La Corte Suprema de ese país encontró improcedente la orden de arresto contra el mandatario; apuntó que la acción judicial no es la vía para que empleados estatales logren ajustes salarial
“En el Estado de leyes todo es posible”, apuntó el president  (Foto: )
BOGOTÁ (CNN) -

La Corte Suprema de Justicia de Colombia revocó el miércoles una orden de arresto contra el presidente Álvaro Uribe por desacatar un fallo que exigía un aumento de salario para 148 empleados del sector judicial, informó el alto tribunal.

En una decisión sin precedentes un tribunal regional ordenó el arresto por tres días del mandatario.

Pero los magistrados de la corte encontraron improcedente la decisión de una sala de conjueces del Tribunal Superior de Sincelejo.

Horas antes de la decisión de la Corte, Uribe había admitido la posibilidad de ser arrestado debido a que los presidentes no tienen inmunidad frente a la justicia en Colombia.

"En el Estado de leyes todo es posible porque aquí todos estamos sometidos a la ley", dijo Uribe en una conferencia de prensa.

La decisión del tribunal se conoció horas después de que los empleados de la rama judicial a nivel nacional iniciaron una huelga para reclamar un ajuste de sueldos, solicitud que rechazó el Gobierno.

Uribe dijo que, pese a las dificultades presupuestales, su Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo por mejorar los salarios y las condiciones laborales de todos los funcionarios de la administración de justicia.

Pero en medio de la polémica que desató el fallo del tribunal, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió que la acción judicial no es el mecanismo para que los empleados de un sector del Estado consigan aumentos o nivelaciones salariales.

El fallo del tribunal también había ordenado el arresto de los ministros de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga; del Interior y de Justicia, Fabio Valencia; de la directora de Planeación, Carolina Rentería y del jefe del departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Carrillo.

La decisión judicial imponía un plazo al presidente y los otros funcionarios para que ejecutaran acciones administrativas y restablecieran los derechos salariales a los demandantes.

Al cumplirse el plazo, los afectados promovieron un incidente de desacato que finalmente no prosperó.

El tribunal había ordenado restablecer un equilibrio salarial a 148 trabajadores de la rama judicial en el departamento de Sucre, en el norte del país.

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