Firmas sancionan poco abuso de empleados

“Lo que más daño hace a las empresas es la impunidad”, enfatiza Jorge García Villalobos, un penalista de 40 años que hizo carrera investigando, desde las procuradurías, a delincuentes y que ahora encabeza a los forenses de Deloitte: un equipo de 60 personas, con las especializaciones más diversas, que, como sus similares de batas blancas, hurgan en busca de evidencias que prueben un crimen. Pero no en las calles, sino en los cubículos, discos duros y relaciones entre los colaboradores de las empresas.

A decir de este ex oficial y ahora socio de Deloitte, que por muchos años indagó casos de lavado de dinero y gestionó extradiciones, en los corporativos ocurre lo mismo que en la calle. No suelen denunciar los delitos que cometen en su contra. Él lleva cuatro años al frente de este servicio que ayuda a las empresas a investigar actividades o transacciones sospechosas, y en 70 casos ha notado que pocas compañías castigan al empleado o ejecutivo que abusa de su confianza.

Lo más común es sellar un acuerdo; que regrese el dinero a cambio de no levantar cargos. Incluso, muchos de los presuntos delincuentes en altos cargos salen sin pena y el cordial aviso al mercado es que se retira por motivos personales.

Esto, en el largo plazo, perjudica a las empresas, cree García Villalobos. “El mensaje que lanzas es: si yo abuso y agarro recursos financieros, humanos o materiales, lo más que me puede pasar es que me corran, y que me corran con una lana, y que, además, me den una carta de recomendación. Y me voy con el vecino y no le robo uno, le robo tres, y así nos vamos, armando esta cadenita que va causando daño”.

Pocas empresas en México tienen una política de cero tolerancia que extirpe a todos los involucrados y que deje claro, a ojos de los demás, el crimen cometido y el castigo que mereció. Menos aún son las que llevan el caso a las cortes. De los 70 asuntos que manejaron en Deloitte, sólo dos llegaron a un juez. García Villalobos estima que de 100 casos investigados, sólo uno recibe una sentencia judicial.

“Sí, es cierto que las empresas deciden no hacer las investigaciones o ir a juicio, pero yo lo veo más normal, porque lo que les interesa es no distraerse de su negocio”, explica Alejandro Catalá, abogado penal del despacho capitalino Basham, Ringe y Correa, con larga carrera defendiendo empresas.

“La difusión en las altas esferas no es común. Son mucho más discretos sobre este tipo de situaciones, por muy deshonesto y desfalcador que haya sido”, asegura el penalista. Las empresas más cautas acaso se asesorarán con un abogado laboral para la terminación del contrato. “Porque, en ocasiones, son tan cínicos que no les basta que no los metiste a la cárcel, pero van y te meten una demanda laboral”, añade.

La práctica de Investigación Forense existe en otros países desde hace unos 20 años; Deloitte la ejerce en México desde hace cuatro y tiene entre sus competidores grandes a KPMG. En el mercado hay también ‘hombres-agencia’, dice García Villalobos, otros ex miembros de órganos de justicia que investigan por su cuenta.

Aunque esta área hace también investigación preventiva, aquí suelen llamarlos cuando el desfalco ya ocurrió. En Estados Unidos, el detonante suele ser la denuncia con nombre, de un whistleblower, un testigo protegido por las leyes. En México, donde la mayoría de los corporativos no tiene una política de protección a los denunciantes, la alerta suele venir de una llamada anónima.

De acuerdo con García Villalobos, cuando llegan a la escena del crimen, por lo general lleva unos 18 meses de ocurrido el desfalco. La unidad de expertos de Deloitte ha visto casos en los que el daño fue por 100,000 pesos y hasta 1.8 millones de euros.

Tres expertos de la consultora desembarcan en la compañía y tienen dos y media semanas para hacer un diagnóstico. Deberán confirmar qué delito se cometió –y a qué tipo legal responde–, identificar la posible red de complicidades y confirmar si existen pruebas y si resistirán la inspección de un juez. Para García Villalobos, la parte clave en este proceso es configurar el delito según el sistema legal donde se llevará a juicio. En EU, los casos suelen irse por la vía civil; en México, las pocas veces que lo llevan a la corte, las empresas prefieren la vía penal, dice Judith Galván, directora de la práctica de Forensic de KPMG en México.

“La vía civil es larga. Quieren ponerlos en la cárcel para ejercer presión y lograr la restitución del dinero”, explica.

El cliente decide, a partir del reporte forense, si la investigación debe continuar o no, y ésta puede prolongarse hasta cuatro semanas; hay casos que han llevado seis meses. “Era un caso muy complejo en la industria de la publicidad trasnacional, que tenía oficinas en EU y México, con filiales que estaban maquillando la contabilidad”, cuenta García Villalobos.

El equipo de Deloitte entrevistó a unas 50 personas y revisó el disco duro de 40 computadoras en tres países del continente. “Se alteraba la contabilidad en México para que el director general llegara a los números; y el director general alteraba los suyos para que su vicepresidente en Miami pudiera llegar a sus números”.

En EU, como en México, la mayoría de las compañías recurre a estos sabuesos cuando el crimen ya ocurrió o cuando una compañía quiere verificar la calidad de un interlocutor (para procesos de due diligence, por ejemplo). “En EU, más y más están buscándolos para hacer chequeos periódicos a sus controles”, asegura Gregory Swinehart, socio y líder de la práctica de Servicios de Investigación Forense en EU.

En México, la prevención es muy baja, lamenta García Villalobos. Un estudio de su rival KPMG lo confirma incluso entre aquellas que ya sufrieron un desfalco: sólo 2% de las empresas que pasaron por un fraude tomaron medidas correctivas y aumentaron sus controles internos, finaliza Arturo de Castillo, asesor de Práctica Forense de esa otra compañía.