Candidatos analizan rescate hipotecario
El rescate gubernamental de los bancos hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac llegó a las campañas presidenciales, en las que los candidatos señalaron las enormes implicaciones para los contribuyentes y la economía.
Los bancos Fannie Mae y Freddie Mac poseen o respaldan entre ambos la mitad de la deuda hipotecaria de Estados Unidos y han tenido un papel cada vez más importante en el mercado inmobiliario desde que la crisis crediticia comenzara en agosto del 2007. El rescate gubernamental de estas compañías podría costarle a los contribuyentes casi 25,000 millones de dólares, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El gobierno estadounidense anunció que asumirá el control de las gigantes hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac para ayudar a apuntalar al sector inmobiliario y a los mercados.
En un acto de campaña en Colorado Springs, Colorado, la candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, afirmó que las compañías "se han vuelto muy grandes y muy caras para los contribuyentes. El gobierno McCain-Palin las hará más pequeñas y más inteligentes, y más efectivas para los propietarios que necesitan ayuda".
El candidato demócrata Barack Obama, en Terre Haute, Indiana, dijo: "Esas organizaciones son tan grandes y están tan ligadas al mercado de los bienes raíces, que probablemente es verdad que debemos tomar medidas para asegurarnos que no se desplomen, pues el mercado inmobiliario, que de por sí ya está debilitado, entraría en un estado peor si no tomamos algunas medidas".
Fannie Mae y Freddie Mac han perdido entre las dos 3,100 millones de dólares entre abril y junio de este año. La mitad de sus pérdidas crediticias provienen de las hipotecas de alto riesgo con pagos mensuales cuyo monto se ha incrementado enormemente.
El Gobierno de Estados Unidos tomó el domingo control de los gigantes hipotecarios, lanzando el que sería el mayor rescate federal en la historia del país, para evitar otra ola de turbulencia en los mercados financieros globales.
Las dos compañías, que cotizan en bolsa pero que también cumplen una misión del Gobierno para apoyar al sector vivienda, fueron puestas bajo una protección que permite que sus acciones se sigan negociando pero coloca en el último lugar los reclamos de los accionistas comunes.