Argentina repatriará fondos de pensiones

Los fondos de pensiones de Argentina, que el gobierno planea eliminar antes de fin de año por ley, deberán repatriar antes del viernes 600 millones de dólares que tienen invertidos en Brasil, dijeron el martes fuentes privadas, gubernamentales y legislativas. La supervisión oficial sobre las operaciones de los fondos de pensiones se reforzó esta semana, al tiempo que la justicia designó veedores en cada uno de los fondos, mientras el Congreso comenzó el martes a debatir en comisiones el proyecto de ley que elimina el sistema previsional privado.

"Son 600 millones (de dólares) en Brasil, hay 72 horas para repatriarlos", dijo una fuente de uno de los fondos. Luego la diputada opositora Nora Hinzburg, con acceso a la información, también confirmó la decisión oficial.

Horas más tarde, el titular del ente estatal que administra el pago de pensiones, Amado Boudou, confirmó que ya firmó una resolución que ordena la repatriación, y que esa normativa también fue aprobada por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, pero no dio más detalles.

La fuente del fondo de pensión agregó que la medida busca frenar la caída del peso y se suma a la orden ya emitida de renovar depósitos bancarios a plazo fijo, no vender bonos ni comprar dólares para no alterar el mercado local.

Detalló además que el Gobierno planea que un ente estatal también traiga fondos depositados en el exterior, junto a la liquidación de dólares por exportación de otras compañías.

Otra fuente oficial confirmó que la medida busca ayudar al Banco Central en su batalla para sostener la moneda local, que cerró el martes en sus mínimos desde la crisis financiera que sufrió el país en el 2002.

El proyecto de ley oficial generó pánico en los mercados locales, porque es visto como una nueva intervención del Gobierno en la actividad privada.

El plan de la presidenta, Cristina Fernández, es traspasar al Estado la cartera de casi 29,000 millones de dólares que los fondos posee en acciones, bonos, depósitos y fideicomisos.

Además, el Gobierno lograría cada mes captar unos 300 millones de dólares de contribuciones de los trabajadores que aportan al sistema privado, un ingreso vital en momentos en que crecen las dudas sobre la capacidad de pago del país.

Los analistas y la oposición creen que la medida esconde la imperiosa necesidad del Gobierno de hacerse de fondos para enfrentar fuertes vencimientos de deuda en el 2009 ante la estrechez del mercado de crédito internacional por las turbulencias globales.

Consultado por la edición online del diario local La Nación, el gerente general de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Sergio Chodos, dijo que la medida de repatriación podría tener un efecto en el mercado brasileño.

"Calculo que en efecto va a haber seguro. Va a depender de si ellos están a la 'suba' o a la baja, pero es un problema de ellos que no me corresponde evaluar", indicó.

Defensa

Mientras tanto, los fondos de pensiones defenderán el miércoles en el Congreso el derecho de sus afiliados a permanecer en el sistema privado creado en 1994.

Representantes de la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP) acudirán a una comisión de diputados.

El punto fuerte de su argumento será que el año pasado el Congreso le dio a los afiliados de las AFJP la opción de decidir si se quedaban en el sistema privado o volvían al estatal: un 80 por ciento decidió quedarse en el privado.

"Iremos al Congreso con consideraciones generales, defendiendo a la gente que eligió estar en el sistema privado", dijo Sebastián Palla, presidente de la UAFJP a un grupo de periodistas.

"Se debe diferenciar entre la coyuntura y el largo plazo y esta decisión (oficial) se toma sobre el hecho coyuntural. El regimen privado es sólido, transparente, perfectible y virtuoso", agregó.

La UAFJP agrupaba hasta hace unos días a los 10 fondos de pensiones que trabajan en el sistema argentino, pero hacia el fin de semana renunciaron dos empresas ligadas al Gobierno.

"Se necesita un debate serio. Los tiempos (legislativos) darán la respuesta", dijo Palla al ser consultado por si el proyecto oficial esconde necesidades de financiación para el Gobierno.

Si una eventual aprobación en el Congreso resultara rápida, quedará en evidencia que "no es una medida (de reforma) previsional", afirmó.