Argentina debate cambio en pensiones
Los diputados argentinos darían media sanción el jueves al proyecto oficial que estatiza los fondos de pensiones, pese a las críticas de buena parte de la oposición que lo ve como un intento del Gobierno de hacerse de fondos y no como una reforma seria.
El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández aceptó realizar modificaciones a algunos puntos objetados por la oposición al proyecto original, que transfiere al Estado unos 25,000 millones de dólares en activos financieros, para aumentar las posibilidades de que el plan sea aprobado en el Congreso.
El martes, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión aprobaron el proyecto, que según el Gobierno busca proteger de la crisis financiera global a las futuras jubilaciones de los 9.5 millones de argentinos que están afiliados al sistema privado.
Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que afirman tener invertido el dinero en acciones, bonos y depósitos bancarios siguiendo las estrictas regulaciones oficiales, rechazan el plan oficial.
"Acá nosotros estamos tomando las decisiones que tomamos para salvar los ahorros de los trabajadores activos y pasivos de la Argentina", dijo a un canal de televisión el diputado oficialista José Díaz Bancalari, antes de ingresar a la sesión de la cámara baja.
El sorpresivo anuncio del plan el mes pasado golpeó los mercados de Argentina, que lo interpretaron como una nueva intervención del Gobierno en la actividad privada.
Además, alimentó las dudas sobre la real capacidad del país de enfrentar los vencimientos de deuda de los próximos meses, porque los inversores creen que la multimillonaria cartera que pasará a administrar el Estado, más las contribuciones mensuales de los trabajadores, serán usadas para realizar esos pagos.
El oficialismo detenta la mayoría en la Cámara de Diputados, donde más de 140 legisladores de un total de 257 son peronistas o aliados del partido gobernante.
El Gobierno debe enfrentar vencimientos de deuda por más de 20,000 millones de dólares en 2009, de los cuales contaría con unos 8,000 millones y el resto deberá captarlos en operaciones de mercado.
Ese escenario se da en momentos en que analistas advierten que la caída de los precios de las materias primas agrícolas, que disminuyen los ingresos fiscales por exportaciones, derivará en un deterioro del superávit primario del país.
Además se espera que los mercados de créditos sigan cerrados mientras dure la crisis financiera global.
El debate del proyecto podría ser complicado para el Gobierno en el Senado, donde en julio los legisladores, y el propio vicepresidente de la nación, votaron contra una iniciativa oficial para aumentar los impuestos a las exportaciones agrícolas.
Los argentinos ven con recelo el plan oficial, que recuerda tiempos pasados en los que los gobiernos se valían de las jubilaciones para satisfacer necesidades financieras, pero por otra parte cuestionan el manejo de los fondos por parte de las administradoras privadas y las altas comisiones que cobran.
