La ley de pensiones avanza en Argentina

La Cámara de Diputados aprobó este viernes el proyecto de ley de estatización del sistema de pensiones que implicará la transferencia al Estado de fondos por unos 23,000 millones de dólares que hasta ahora manejan 10 aseguradoras privadas. La iniciativa, que deberá ser debatida por el Senado el 20 de noviembre, fue aprobada en la madrugada por 160 votos a favor y 75 en contra luego de más de 14 horas de debate y con duras recriminaciones entre legisladores oficialistas y opositores.

"Para cualquier Estado y para este gobierno y los que vendrán, la sola eliminación de este sistema perverso es una buena noticia para planificar un país", dijo Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista Frente para la Victoria.

El texto del proyecto enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández establece en su primer artículo la completa eliminación del sistema privado y la creación de un único régimen previsional estatal que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La media sanción legislativa tuvo una recepción negativa en el mercado local: el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró la jornada con una caída de 3.45% a 1,096.6 unidades.

El 22 de octubre, un día después de que se anunciara la estatización del sistema previsional privado, el índice Merval había caído 10.1%.

El sistema privado de jubilación cumple un rol fundamental en el mercado de valores local ya que los fondos que recaudan mensualmente las aseguradoras son volcados íntegramente a las operaciones con acciones y bonos.

Los inversores temen que, si esos fondos pasan a ser controlados por el Estado, el mercado pierda a su principal operador.

El opositor Federico Pinedo, del bloque Propuesta Republicana, calificó al proyecto como "una vulneración al derecho de propiedad. Estamos discutiendo cómo llevarnos rápido la plata para los jubilados al Estado y al manotazo fiscal".

En caso de prosperar, la nacionalización implica el traspaso al Estado de los 23,000 millones de dólares que controlan las aseguradoras además de los 5,000 millones de dólares que aportan cada año los afiliados al sistema previsional.

Al mismo tiempo, el proyecto garantiza a los 9.5 millones de afiliados del actual sistema privado "la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley".

Sin embargo, el futuro manejo de los fondos es lo que ha generado las mayores controversias.

Mientras la presidenta argumenta que la medida busca proteger a los futuros jubilados de la caída en la rentabilidad de los fondos privados como consecuencia de la crisis global, los analistas privados creen que el propósito es asegurarse el financiamiento de sus vencimientos de deuda para los próximos tres años, que suman unos 28,000 millones de dólares.

La oposición estima que la iniciativa es confiscatoria y teme que el Ejecutivo haga un uso discrecional de los fondos en perjuicio de los afiliados.

"El gobierno dice que tiene las cuentas en orden, pero pega un manotazo fiscal", subrayó el diputado opositor Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica.

Ante los cuestionamientos, el gobierno introdujo cambios en el proyecto inicial y así logró el apoyo de algunos legisladores no oficialistas.

Entre las modificaciones, incluyó un artículo que establece que la totalidad de los recursos transferidos a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) "únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del SIPA".

Pero también establece que el superávit -los fondos excedentes tras el pago de haberes- "se invertirán de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados", sin dar mayores detalles. El texto aclara que queda prohibida su inversión en el exterior.

Para dar mayor transparencia al manejo de esos recursos el gobierno accedió a la creación de un consejo de garantía integrado por representantes del Ejecutivo, de sindicatos, de organizaciones empresariales, de entidades bancarias y del Poder Legislativo. Pero la oposición desconfía de la capacidad de control que tendrá este ente, ya que todos sus integrantes serán designados por el Ejecutivo.