Gobierno argentino frena a los negocios

El intervencionismo del gobierno argentino a lo largo y a lo ancho de toda la economía, desde el mercado cambiario y los fondos privados de pensión hasta la producción de autos, hizo crecer la incertidumbre en el mundo de los negocios incluso más que la crisis global.

La presidenta Cristina Fernández y su esposo y predecesor, Néstor Kirchner, han utilizado ampliamente los controles de precios para combatir la inflación, un embate que las empresas soportaron mientras duró el auge económico entre 2003 y 2007.

Pero con la desaceleración de la industria y las expectativas de una caída en el consumo, los líderes del mundo de los negocios se quejan de que el Gobierno sigue empeñado en torcerles el brazo a las compañías en lugar de adoptar medidas para proteger a la economía.

"En el campo internacional no podemos hacer nada, pero localmente se podrían hacer cosas para estar mejor preparados frente a lo que viene. Y lo que se hace es perder el tiempo", dijo un ejecutivo de un banco local que pidió no ser nombrado, al igual que el resto de las fuentes consultadas por Reuters.

Los Kirchner son líderes de centro-izquierda que han logrado mantener el superávit fiscal y aplicado algunas políticas pro negocios, pero es usual que Fernández realice duros ataques contra el capitalismo desenfrenado.

Y su gabinete no se queda atrás.

El ministro de Trabajo instó a las automotrices a no dejar cesantes a los empleados en momentos en que las órdenes de compra de su principal mercado, Brasil, se esfuman.

Y la agencia encargada de controlar las exportaciones agropecuarias agregó montañas de trámites burocráticos que terminaron por retrasar el proceso de embarque de los bienes.

"Es absurdo, no se puede creer", dijo un exportador de carne sobre el cambio de las normas que le hizo perder ventas a China, que ha reducido sus compras en Argentina, uno de los productores de carne más refinados del mundo, en favor de Paraguay.

Muchos capitanes de la industria también están enojados con el Gobierno por la manipulación que hace del dato de inflación, una acusación muy extendida entre economistas y opositores, pero sólo se quejan en privado porque muchos temen represalias bajo la forma de investigaciones penales o fiscales.

El Banco Central, que en octubre debió gastar 2.000 millones de dólares de sus reservas para contener una mayor devaluación del peso, la semana pasada decidió ajustar más sus controles sobre las compras de dólares.

Fuentes del sector financiero dijeron que esa entidad pidió más información a los bancos y a las casas de cambio acerca de sus principales clientes y envió personal para fiscalizar lo que ocurre en algunas mesas de dinero.

La moneda local se afirmó la semana pasada a 3.3 pesos por dólar, desde casi 3.4 pesos a los que había caído.

Los medios locales reportaron que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, amenazó con realizar auditorías impositivas a las casas de cambio que no desarmen las grandes órdenes de compra de dólares que tenían.

Reuters no pudo confirmar esas versiones con fuentes independientes.

Moreno es el principal defensor de los controles de precios que impuso el Gobierno a las compañías bajo amenaza de multas.

"La espesa atmósfera que envolvió al sistema financiero durante la última semana y las perspectivas de que el mercado cambiario pierda toda la transparencia confirman de manera lamentable varios de los vicios de la política económica que se ensaya hoy en Argentina", dijo en una editorial el diario La Nación, un fuerte crítico de los Kirchner.

Nerviosismo

El presidente de Banco Central Martín Redrado afirma que su prioridad es la estabilidad de la moneda ya que los argentinos son veloces para reaccionar, por la memoria de crisis anteriores, y podrían provocar una fuga de depósitos bancarios si el peso cae apresuradamente.

El sorpresivo proyecto de ley de Fernández para nacionalizar los fondos de pensión, con activos por unos 25,000 millones de dólares, también generó nerviosismo entre los empresarios porque daría al Gobierno participación accionaria en numerosas empresas locales.

Los bonos soberanos y las acciones en el mercado bursátil domésticos se derrumbaron luego del anuncio, que fue interpretado como una acción oficial desesperada para captar fondos y enfrentar los vencimientos de deuda por más de 20,000 millones de dólares del 2009.

Sin embargo, el proyecto tuvo escaso rechazo de la población ya que los fondos de pensión son considerados ineficientes y se espera que la ley sea aprobada fácilmente en el Senado la semana próxima.

En simultáneo con el anuncio del proyecto de ley, el Gobierno lanzó investigaciones para determinar supuestos fraudes de los fondos y puso auditores en las empresas.

Además, la Casa Rosada mantiene una tensa relación con la compañía española Marsans sobre los términos para estatizar Aerolíneas Argentinas, la principal compañía aérea del país.

Fernández se reunió con empresarios de España, el mayor inversor extranjero en el país sudamericano, para enviar un mensaje de tranquilidad y asegurar que la estatización de los fondos de pensión no es una amenaza para la propiedad privada.

Pero el mensaje no llegó muy lejos.

"Los empresarios se preguntan qué será lo próximo que se apropie el Gobierno", dijo un oficial de comercio de una embajada en Argentina.