Diputados avalan cambios a ley vehicular

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley del Registro Público Vehicular, cuyo objetivo es combatir el robo de automóviles. Dichas modificaciones están encaminadas a que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública firme convenios con los gobiernos estatales y capitalino, para expedir certificados de no registro de robo de vehículos.

Durante la sesión ordinaria en San Lázaro se aprobó con 263 votos la reforma que pretende otorgar seguridad y certeza jurídica a quienes pretenden obtener o comprar algún vehículo.

El dictamen precisa que el delito de robo de automóviles se ha consolidado en los últimos años como uno de los más lucrativos para las redes criminales nacionales e internacionales que operan en México.

Las utilidades que se generan con ese acto ilícito, enfatiza, lo hacen competitivo y con un gran impacto socioeconómico alternando con otros delitos como narcotráfico, secuestro, tráfico ilegal de personas, robo de transportes de mercancías y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La comisión dictaminadora destacó las prácticas utilizadas por los delincuentes como la duplicación de placas o registros y la falsificación de documentos, con los cuales se engaña a los compradores de vehículos seminuevos o usados, respecto al origen ilícito del bien.

Por ello, consideró adecuado incluir la facultad de la autoridad para expedir un certificado, lo cual tendrá que concretarse en la Ley del Registro Público Vehicular y no en la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la sesión de este miércoles se aprobó también una reforma para que las sesiones de los tribunales colegiados de circuito sean grabadas, a fin de obtener la creación de un archivo digital de su desarrollo.

Dicha reforma se aprobó por 268 votos a favor y abarca el Artículo 184 de la Ley de Amparo, la reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, y el Artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El dictamen de la Comisión de Justicia señala que con esto se permitirá que el Consejo de la Judicatura Federal finque responsabilidades a los magistrados que cometan una falta inherente a sus funciones.