El Congreso aprueba reformas a seguridad
El Congreso mexicano aprobó este martes varias reformas dirigidas a mejorar los esfuerzos desde el Gobierno contra la inseguridad, especialmente para buscar frenar una ola de violencia desatada por el narcotráfico. Las reformas, algunas de ellas propuestas por el presidente Felipe Calderón y que recibieron el visto bueno de la Cámara de Diputados y el Senado, buscan también frenar los secuestros, otro de los principales problemas de inseguridad en el país.
Los legisladores aprobaron la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dirigida a mejorar la coordinación en la lucha antidrogas entre el gobierno federal y los estados, e incluye programas de control de confianza para evitar que las policías sean infiltradas por criminales.
Con la norma, Calderón encabezará un nuevo Consejo Nacional de Seguridad, desde el que se coordinará la ofensiva contra la delincuencia y en el que participarán el gabinete de seguridad y gobernadores.
Otra reforma, conocida como miscelánea penal, incluye dar a la policía más capacidades, como el agilizar el otorgamiento de permisos para realizar cateos por parte de jueces y la ampliación hasta 80 días de las detenciones precautorias, conocidas como arraigos domiciliarios.
"Son armas adicionales -en sentido figurado-, instrumentos jurídicos (...) que harán más sencilla la tramitación de juicios penales, que respetan los derechos de las personas, pero que tratan con la severidad que se debe a los criminales", dijo el diputado del opositor PRI, César Camacho.
La cruzada del gobierno contra los cárteles de la droga -en la que participan unos 40,000 militares y policías federales- no ha logrado frenar los crímenes vinculados con las drogas.
Entre enero y noviembre de este año fueron asesinadas 5,376 personas por la guerra entre cárteles de la droga y de éstos contra las fuerzas federales, un incremento del 117% respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo a cifras de la fiscalía general.
Los legisladores también aprobaron la creación de un registro nacional de usuarios de teléfonos celulares que deberán identificarse plenamente para hacer uso de ellos.
Los aparatos se han convertido en herramienta cotidiana de los secuestradores. La gran mayoría de los 80 millones de celulares en el país fueron comprados bajo el sistema de prepago por usuarios que no necesitaron identificarse.
En los últimos meses se han conocido públicamente los secuestros de hijos de conocidos empresarios. Uno de ellos -un joven de 14 años- fue asesinado a pesar de que la familia había pagado un millonario rescate.
En el 2007 se registraron 751 secuestros, cerca del 40% más que en el 2004.
