Segob pide no romper mediación con EPR
El gobierno federal exhortó a la comisión de mediación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), a reconsiderar su decisión de cancelar su comunicación y la convocó a dialogar el próximo viernes 24 de abril.
Ante ello la Secretaría de Gobernación (Segob) refirió en un comunicado que el gobierno federal manifestó desde el 9 de mayo de 2008 su disposición a sostener un diálogo con la comisión de mediación.
Ello como "un medio válido para contribuir al establecimiento de principios de entendimiento con el llamado PDPR/EPR" y con el fin de construir soluciones a las diferencias, por la vía de las instituciones.
La dependencia federal refrendó que el objetivo puntual del proceso de diálogo ha sido coadyuvar en la localización de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, presuntos miembros del EPR desaparecidos.
La Comisión de Mediación, integrada por Rosario Ibarra de Piedra, el obispo Samuel Ruíz, Enrique González Ruíz, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor, Juan de Dios Hernández Monge y Miguel Angel Granados Chapa, anunció este martes el fin de su misión al no encontrar en el gobierno federal la voluntad política para avanzar en las investigaciones.
Montemayor señaló que cuando se constituyeron como mediadores, el 4 de abril de 2008, el gobierno federal y los medios de comunicación mostraron interés en este proceso.
Sin embargo, dijo, al paso del tiempo el tema perdió presencia, decreció el interés gubernamental y el discurso de la "seguridad" desplazó por completo al de los derechos fundamentales.
Desde el pasado 22 de enero, la Comisión de Mediación había señalado que el gobierno federal no había mostrado interés para abrirse a una real interlocución con ella ni para abrir rutas eficaces de solución al caso.
El 28 de abril del 2008, el EPR se comprometió a no realizar acciones armadas durante el tiempo que dure la intermediación de la comisión con el gobierno federal para buscar a sus militantes desaparecidos.
En 2007, el EPR había realizado el 5 de julio explosiones en los gasoductos de Pemex de los municipios de Salamanca, Celaya y Valle de Santiago, en Guanajuato, y cinco días después en el municipio de Corregidora, Querétaro.
