Sotomayor, su influencia en los negocios

La nominada para sumarse a la Suprema Corte estadounidense tiene experiencia y un perfil moderado; ¿qué significará su arribo en los casos legales en los que se vea implicado el sector corporativo?
Sotomayor-Suprema-Corte.jpg  (Foto: CNN)
Roger Parloff
NUEVA YORK -

Si hubiera habido una votación secreta entre los abogados de apelación que llevan casos de las empresas, habría sido muy improbable que la jueza Sonia Sotomayor fuera elegida para reemplazar al ministro David Souter en la Suprema Corte de Estados Unidos, incluso de entre los finalistas seleccionados en la lista corta del presidente Obama.

Algunos de estos abogados han reconsiderado sus opiniones, pues algunos fueron maltratados un poco en los argumentos orales por las agudas, sarcásticas y, en ocasiones, acosadoras preguntas de Sotomayor (a mi parecer y al de otros reporteros, así como según el registro del Almanaque de la Judicatura Federal). Además, su currículo (muy impresionante comparado con el de la mayoría de los mortales) no ha sido tan criticado como el de la ex decana de la Facultad de Derecho de Harvard, Elena Kagan, o de la magistrada de apelaciones Diane Wood, ex profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

Aún así, a la comunidad de negocios le pudo haber ido peor. "Creo que es realmente moderada en asuntos empresariales", como dice Lauren Goldman, socia en la unidad de apelaciones del despacho Mayer Brown, quien ha estudiado el historial de Sotomayor tanto como magistrada de distrito en Manhattan como magistrada de la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de Estados Unidos. "No creo que haya nada que pueda causarle a la gente (de negocios) alguna preocupación", dice.

Como lo prometió, el presidente Obama eligió a un magistrado con enorme amplitud de miras en su vida y en su experiencia laboral, la cual no sólo empequeñece a la de Wood o Kagan sino también a la de muchos otros ministros en la Corte actual. Además de su extraordinaria historia de vida (criada pobre por una madre puertorriqueña viuda en el Bronx, graduada summa cum laude de Princeton, graduada de la Facultad de Derecho de Yale como editora del periódico legal), Sotomayor ha fungido como fiscal estatal en Manhattan (por cinco años), como socia de un despacho de derecho de negocios internacionales, en donde trató casos de propiedad intelectual, incluyendo casos de falsificación y marcas, así como litigio y arbitraje internacional en casos de comercio de exportación de productos (por ocho años). También fue magistrada de distrito (por seis años) y magistrada federal de apelaciones (por diez años).

Algunos abogados creen que, sin importar el asunto específico que se trate ante la corte, un amplio rango de experiencia es el mejor antecedente que puede tener un magistrado, más que haber pasado toda su vida con una perspectiva específica y homogénea, como la de un fiscal, un académico o un magistrado de apelación.  

"Todos tienen excelentes currículos", dice Diana Parker, abogada de Nueva York que estudió los antecedentes de todos los magistrados que fueron considerados para la nominación por medio de un grupo de abogadas al que pertenece. "Pero en cuanto a experiencia ella es claramente la adecuada".

"No puedo decirle a la comunidad de negocios que se ponga a festejar", dice Parker, pero a grandes rasgos ella piensa que Sotomayor es una selección sabia. "Pudo haber sido el mejor académico del mundo, pero no es lo que yo quería, no es lo que cualquier litigante hubiera querido", dijo.

Para la comunidad de negocios, el punto de partida de cualquier análisis es que a Sotomayor se le eligió para remplazar al ministro Souter, quien no era de ninguna manera un juez pro-empresas, así que si la magistrada  Sotomayor también fuera anti-negocios, la comunidad empresarial tendría que preocuparse sólo por lo que perdería en algunas categorías de casos en los que el ministro Souter hubiera tenido que votar a favor de ellos.

Los casos en los que el ministro Souter habría votado como aliado de las empresas, son aquellos en los que se le pedía a la corte que atendiera los abusos de litigios civiles, incluyendo los supuestos pagos por daños impuestos por los jueces temporales y por las leyes laxas de defensa que le permitían a los abogados demandantes extorsionar a la defensa para llegar a acuerdos en ciertos casos porque estos arreglos saldrían menos caros que el costo de defender el caso entero. 

Con respecto a las compensaciones por daños (de importancia relevante porque Souter era parte de una estrecha mayoría de ministros a favor de esto), es imposible decir qué haría la ministra Sotomayor. Según Goldman, Sotomayor ha participado en paneles que defienden algunas compensaciones por daños importantes, incluyendo una de 1,000 millones de dólares en 2007, pero en cada instancia esta compensación no ha sido mucho mayor que la que el caso mismo exigía. Éste es el tipo de situación que ha ocurrido en el pasado para llegar al nivel de una transgresión constitucional.   

En cuanto a los casos de abuso potencial de litigación, el antecedente más perturbador de Sotomayor fue su opinión de Dabit contra Merrill Lynch en 2005. Este caso fue revertido por la Suprema Corte de Estados Unidos en 2006 con un margen de ocho a cero. El problema allí fue que los abogados de valores habían formulado una manera legítima para eludir cierta legislación federal diseñada para detener prácticas abusivas en casos de reclamos federales, dirimiendo las quejas solamente bajo las leyes estatales. La magistrada Sotomayor permitió las demandas, pero la Suprema Corte (con excepción del ministro Samuel Alito, quien no participó), se opuso.

Aún así, Goldman, de Mayer Brown, dice que la comunidad empresarial no debería darle mucha importancia al papel de Sotomayor con respecto a Dabit. Podrían tomarse la participación de Sotomayor en otros dos paneles como algo personal (opinión que no comparto); esto prevaleció cuando los abogados demandantes querían tomar acciones innovadoras en algunos casos. El caso más importante fue el de Miles contra Merrill Lynch, también conocido como Litigio de Oferta Pública de Valores. Este caso contempló 310 acciones específicas, cada una de las cuales fue una consolidación de cientos de otras acciones más pequeñas, todas provenientes de casos en los que los corredores de valores habían posicionado su participación en OPVs durante los años "burbuja" de las empresas en la red. Ellos accedieron, entre otras cosas, a aumentar las acciones en el mercado cuando esto terminara. En 2006 y una vez más en 2007, Sotomayor se unió a las opiniones del magistrado Jon O. Newman para desacreditar este tipo de acciones, y que le daban forma a un tipo de demandas de mayor estándar para que se cumplieran y así obtener una certificación que muchas otras cortes de circuito habían requerido anteriormente.

En al menos una categoría de casos de empresas que contemplaban la doctrina de preferencia (casos en los que las empresas argumentan que el esquema de regulaciones federales le daba el triunfo a las regulaciones traslapadas del derecho estatal y que por eso los negocios accedían a la solicitud de las regulaciones estatales), la ministra Sotomayor podría ofrecer mayor apertura a los intereses de los empresarios que la que tuvo el ministro Souter.

Dado que a las empresas les resulta más económico cumplir una regulación de régimen federal que 50 estatales, y también dado que las demandas estatales por agravios contra empresas son un tipo de regulación estatal, las empresas argumentan que dichos esquemas de regulación estatal son rebasadas por el esquema federal.

El ministro Souter, quien ha pasado gran parte de su carrera previa a la Suprema Corte como fiscal estatal de New Hampshire o magistrado del mismo estado, implicó un voto importante para ganar los casos de prevalencia de la legislación federal, desarrollando así una fuerte apreciación por el interés del estado en reforzar sus propias leyes.

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Pero Goldman, de Mayer Brown, dice que según su investigación, la ministra Sotomayor ha sido moderada en este tipo de casos, pues ha encontrado la pertinencia de la sustitución por competencia en la mitad de los casos en los que se le pidió que lo encontrara. Por ejemplo, lo logró en un caso de discriminación racial contra American Airlines, en donde el demandante decía que se le había sacado de un vuelo sobrevendido debido a su raza; este caso fue remplazado por un tratado internacional que atendía asuntos de aerolíneas).

Finalmente, en casos en los que las empresas han fallado tradicionalmente en su intento de conseguir el voto de Souter; muy probablemente también perderán el de la ministra Sotomayor. Souter solía votar en contra de las empresas en casos de discriminación de empleados o casos ambientales, y parece que Sotomayor tiene las mismas predilecciones. En 2007, por ejemplo, Sotomayor escribió su opinión sobre el caso de Riverkeeper contra la Agencia de Protección Ambiental, donde se puso de parte de los ambientalistas basándose en la ley de aguas limpias. Su dictamen fue revertido en la Suprema Corte en abril, pero con tres excepciones de ministros liberales, incluyendo a Souter  (por ejemplo, al estar de acuerdo con Sotomayor).

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