Honduras enfrenta sanciones económicas
¿Golpe, qué golpe?, repite una y otra vez el gobierno interino de Honduras, insistiendo en que el secuestro y expulsión a punta de pistola del presidente Manuel Zelaya hace una semana fue legal y necesario por las reiteradas violaciones del mandatario a la Constitución.
Las autoridades provisionales confían en el férreo respaldo del Congreso, la Suprema Corte, la Iglesia Católica, los militares y principales gremios empresariales para superar la fuerte presión externa, que creen se diluirá cuando en enero asuma el nuevo gobierno tras las elecciones previstas para noviembre.
Pero su negativa a dialogar sobre un posible retorno del depuesto mandatario ha dejado cada vez más aislado al Gobierno encabezado por Roberto Micheletti y a la vez más cerca de fuertes sanciones económicas en la peor crisis política en Centroamérica desde la invasión estadounidense a Panamá en 1989.
"No tengo que negociar con nadie más que con la población hondureña (...) He llegado aquí por una sucesión constitucional", dijo Micheletti, en una cadena el domingo, en el momento en que seguidores del depuesto Zelaya chocaban con militares.
Pero tras una semana del golpe, la amplia condena internacional está empezando a dejar paso a sanciones económicas que supondrían un difícil desafío para la estabilidad del país.
Por el momento, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han congelado los préstamos que otorgan para reducción de la pobreza, que afecta a más del 70% de los hondureños, en momentos en que la crisis global ha golpeado las vitales remesas y el turismo.
Además, el corte de suministro petrolero de Venezuela podría subir los precios de combustibles y acelerar la inflación en el país más pobre de América después de Nicaragua y Haití.
"Cosas como estas que impactan a los pobres podrían generar inestabilidad social, lo que incrementaría la presión sobre el Gobierno (de Micheletti)", dijo Heather Berkman, analista de Eurasia Group para México y América Central.
Salida difícil
La tensión en Honduras escaló el domingo, cuando simpatizantes de Zelaya y soldados se enfrentaron en el aeropuerto de Tegucigalpa, donde se había congregado una multitud para aguardar el anunciado retorno del mandatario, que finalmente el Gobierno interino impidió.
La muerte de un joven de 19 años por un disparo en la cabeza durante los choques complica aún más la situación en el país y nadie se atreve a pronosticar el desenlace de la crisis por la negativa de las partes a ceder.
"El país está cada vez más polarizado y pareciera que no hubiera una salida política viable. El Gobierno de facto no es interlocutor para la comunidad internacional y Zelaya no lo es para muchos poderes dentro del país", dijo Denis Mejía, analista de una organización civil anticorrupción en Honduras.
La postura que tome Estados Unidos, tradicional aliado de Honduras, será clave en la salida a la crisis que ha dividido a los hondureños entre los que aplauden el discurso social del derrocado mandatario y aquellos que lo consideran un peligroso populista manejado por el presidente venezolano, Hugo Chávez.
El presidente estadounidense, Barack Obama, no reconoce al gobierno de Micheletti, pero no ha tomado todavía una decisión firme sobre suspender o no la ayuda a Honduras.
Zelaya se entrevistará el martes con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, para buscar un compromiso más contundente de Washington en su vuelta al poder.
Al mismo tiempo, una comisión de diputados y empresarios hondureños adeptos al Gobierno de Micheletti va a tratar de buscar una salida negociada con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Hasta el momento, el Gobierno de facto sólo ha planteado adelantar los comicios como posible solución, pese a que la OEA -que suspendió al país el sábado por su negativa a restituir a Zelaya- ha asegurado que no reconocerá a ningún presidente que no sea el derrocado líder hondureño.
Por el momento, el respaldo de militares y policías a las autoridades provisionales aleja los fantasmas de una confrontación civil a gran escala, aunque muchos temen que la tensión en las calles aumente por las movilizaciones a favor y en contra de Zelaya.
