Manuel Zelaya presiona por acuerdos

El derrocado presidente hondureño se esfuerza por volver al país tras su salida el 28 de junio; el Gobierno interino liderado por Roberto Micheletti busca adelantar las elecciones presidenciales.
manuel-zelaya-honduras2-RT.jpg  (Foto: CNN)

El tiempo corre en contra del derrocado Manuel Zelaya en sus esfuerzos por recuperar la presidencia de Honduras, mientras el Gobierno interino que asumió tras el golpe de Estado gana tiempo día a día apostando a que los próximos comicios son la salida a la crisis.

Apoyado por el Congreso, la Justicia, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y los empresarios, el Gobierno que encabeza Roberto Micheletti ha ignorado la amenaza de sanciones económicas y la condena internacional que, desde Estados Unidos hasta Venezuela, exige la restitución del depuesto mandatario.

"Cuanto más tiempo pasa, mejor para Micheletti. El riesgo es que Estados Unidos decida presionar más al Gobierno (interino) financieramente. Pero cada día es más difícil que se vayan", dijo Mark Ruhl, especialista sobre Honduras del Dickinson College en Pensilvania.

Zelaya amenazó el lunes con abandonar el diálogo abierto con el Gobierno interino en Costa Rica si no aceptan las resoluciones de la Organización de Estados Americano (OEA) y Naciones Unidas restablecerlo en el poder, algo que las autoridades provisionales descartaron desde el primer momento.

"Estamos poniendo esta semana como fecha máxima con el fin de que hay algún tipo de salida que el régimen constitucional sea restituido", dijo en una conferencia de prensa en Managua, donde advirtió que la mesa de diálogo habría fracasado y "procedería a otras medidas".

"El único objetivo de esta dictadura golpista que pretende consolidarse en nuestro país es utilizar la mediación (...) como mecanismo de distracción que prolongue la agonía de esta dictadura, que sólo le interesa un proceso electoral con el fin de realizar en condiciones de facto lo que es ilegítimo, ilegal e inaceptable", agregó.

El mandatario, cercano aliado del presidente venezolano, Hugo Chávez, fue secuestrado y expulsado del país por militares a punta de pistola el 28 de junio, cuando desafió a la Corte Suprema con su plan de realizar una consulta popular que abría la puerta reformar la carta magna.

Tras días de masivas manifestaciones a favor y en contra de Zelaya, en las que llegó a morir un joven seguidor del mandatario en un enfrentamiento con soldados, la tensión se ha ido diluyendo y los hondureños van volviendo poco a poco a la normalidad pese a la división interna del país.

¿Salida electoral?

Mientras el diálogo que abrieron las partes la semana pasada en Costa Rica para buscar una salida negociada está en la cuerda floja, analistas creen que el Gobierno interino busca ganar tiempo para llegar a los comicios previstos para noviembre, que incluso podrían ser adelantados.

"La mediación es el paraguas perfecto para el régimen mientras avanza hacia el proceso electoral que dejaría el golpe y a Zelaya en un limbo", dijo Dalia Mejía, analista del Consejo Anticorrupción, organización civil sobre procesos legales financiada con fondos públicos e internacionales.

Sin embargo, Washington, la Unión Europea y la OEA han afirmado que no reconocerán a ningún gobierno mientras no se haya recuperado el orden constitucional, lo que pasa por el regreso de Zelaya a la presidencia, algo que según Michelleti no ocurrirá "bajo ninguna condición".

La peor crisis política en Centroamérica en dos décadas ha supuesto una prueba para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien se comprometió a forjar una nueva era de alianza con América Latina tras décadas de golpes e intervenciones militares respaldadas por la Casa Blanca.

"Washington es la clave. A Honduras realmente sólo le interesa la relación con Centroamérica y Estados Unidos", dijo Juan Ramón Martínez, analista político y ex candidato presidencial de un partido minoritario.

El Gobierno interino cree que Obama acabará por reconocer a la nueva administración que asuma en enero, cuando el retorno de Zelaya no tendría sentido porque su mandato habría acabado, una medida que enemistaría de nuevo a Washington con los gobiernos izquierdistas liderados por Chávez.

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