IMSS cesa a coordinadora de guarderías
Por orden del director general del IMSS, Daniel Karam, fueron cesados de sus cargos Carla Rochín, coordinadora nacional de Guarderías, y Sergio Antonio Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales del organismo.
El área de Comunicación Social del instituto confirmó que la medida se tomó para facilitar las investigaciones sobre la tragedia ocurrida el 5 de junio pasado en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que causó la muerte a 48 menores.
Con ello suman siete los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que han sido separados de sus cargos con el fin de agilizar las indagaciones sobre ese hecho.
No obstante las salidas de Rochín y de Salazar -quienes dejaron sus cargos la tarde del jueves- son las primeras dos que se registran en lo que se refiere a mandos a nivel federal, pues los anteriores se desempeñaban como funcionarios estatales.
El 10 de junio pasado fue cesado de su cargo el delegado estatal del IMSS en Sonora, Arturo Leyva, y el 12 Emigdio Martínez, jefe delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales del organismo en Sonora; Noemí López, coordinadora delegacional de Guarderías, y Delia Irene Botello, coordinadora zonal de Guarderías en Hermosillo.
Asimismo, el 21 de junio Karam leyó un comunicado en el que dio a conocer que hasta esa fecha cinco funcionarios habían sido removidos de sus cargos.
Se refería a los cuatro anteriores y a uno más, en ese momento destacado en Veracruz, quien en 2001 autorizó la operación de la Guardería ABC, aunque no proporcionó su nombre.
Niegan amparo
El Juzgado Décimo de Distrito, con sede en Hermosillo, canceló el juicio de amparo presentado por tres de los cinco socios de la guardería ABC en el que solicitaban la protección de la justicia federal.
El titular del mencionado juzgado, Arturo Castañeda Bonfil, determinó cancelar la demanda que presentaron Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Suárez Salido y Gildardo Urquides Serrano, según la lista de acuerdos.
De acuerdo con especialistas en derecho esa resolución de la autoridad judicial significa la sentencia del proceso que llevó al juicio de amparo promovido por las mencionadas personas, por lo que no es procedente dicho amparo.
Los socios de la guardería que se incendió el pasado 5 de junio, que dejó 48 menores muertos, presentaron el 10 de junio una demanda de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en contra de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los actos reclamados en la demanda fueron orden de detención, presentación y arraigo, sin embargo, se sobreseyó el juicio, y ya no podrán promover un nuevo amparo por esos mismos actos.
Los propietarios de la estancia infantil, que ya fueron consignados por la PGR ante un juez y tienen órdenes de aprehensión en su contra, pueden apelar esa decisión.
Para ello, disponen de 10 días hábiles, a partir de la publicación del acuerdo, para promover un recurso de revisión en contra de esa determinación ante un tribunal colegiado y esa instancia confirmará o revocará la decisión del juez.
El 29 de junio pasado, el Juez Décimo de Distrito sobreseyó el juicio de amparo promovido por Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, y en el caso de Alfonso Escalante Hoeffer fue citado para la audiencia constitucional el día 23 de julio.
Dos de los socios, Gómez del Campo Tonella y Suárez Salido, interpusieron ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito un recurso de queja contra el juez Primero de Distrito en el estado.
El tribunal aceptó el recurso contra la mencionada autoridad judicial, ante la cual los dueños de la guardería fueron consignados por la PGR, al considerar que es fundada la queja, según la lista de acuerdos.
